La barrancada del pasado 29 de octubre afectó al 15 por ciento de las 30.000 piezas de convicción del partido judicial de Valencia y de la Audiencia Provincial, según la Conselleria de Justicia
Hemeroteca – La DANA destruye parte del archivo de la Generalitat con documentos potencialmente históricos
El motor compresor del frigorífico del que se sospecha que originó el fuego o fragmentos metálicos de los paneles exteriores de la fachada. Son algunas de las pruebas clave de la causa judicial que investiga el incendio de Campanar que han resultado “destruidas” en la DANA del pasado 29 de octubre, según una resolución del Juzgado de Instrucción número 9 de València a la que ha tenido acceso elDiario.es. Las piezas de convicción se hallaban en una nave de Riba-roja propiedad de la Generalitat Valenciana y resultaron “gravemente afectadas por la DANA”, según reza la diligencia de ordenación del juzgado que se encarga de la instrucción de la causa. La Conselleria de Justicia adjudicó un contrato de emergencia para la conservación de las piezas que no se vieron afectadas por la inundación para “garantizar la cadena de custodia”. Sin embargo, las pruebas del incencio de Campanar forman parte de las que se han visto afectadas.
El informe policial que consta en la causa concluyó que el incendio tuvo un “único y principal” foco de fuego en el frigorífico de la cocina de la vivienda número 86 de la octava planta del edificio, situado en la calle del Poeta Rafael Alberti. Desde ese punto, el fuego se propagó al resto del inmueble. El motor compresor del frigorífico se erigía, por tanto, en una de las pruebas más importantes del procedimiento. Sin embargo, la inundación también destruyó otras piezas almacenadas en el depósito, tales como los fragmentos metálicos de los paneles que recubrían la fachada exterior o del material situado entre la pared y el edificio.
El depósito donde estaban almacenadas las piezas sufrió la inundación de aproximadamente un metro de altura y el derribo de uno de sus muros perimetrales, según detalló la Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) en su sesión del pasado 20 de noviembre. La riada afectó a las piezas depositadas en los niveles 1 y 2 de las estanterías que las almacenaban y a aquellas que se cayeron al suelo como consecuencia del derrumbe, “lo que representa aproximadamente un 35% de los estantes existentes”, agrega.
Se trata de piezas de convicción que, mayoritariamente, corresponden a casos ya juzgados, según confirmaron a este diario fuentes del TSJ-CV, y que “están a disposición de los juzgados de instrucción y, en su caso, de la Audiencia Provincial de Valencia en tanto no se resuelva sobre su destrucción u otro destino”.
Permanecían almacenadas en el depósito de la Generalitat, al tener la administración autonómica las competencias de los recursos materiales de los órganos jurisdiccionales valencianos. El complejo, propiedad de la Conselleria de Economía y Hacienda, alberga espacios cedidos al departamento de Justicia, entre ellos el depósito de la Unidad Administrativa de Apoyo a los Archivos Judiciales de la Comunitat Valenciana y el equipo de piezas de convicción del Servicio Común Procesal de Asuntos Generales (SCAG) de València.
Contrato de emergencia para el complejo de Riba-roja
La Generalitat informó el pasado 6 de diciembre de que de las 30.000 piezas que custodiaba el SCAG en el depósito de Riba-roja, se vieron afectadas las que se encontraban en los primeros estantes, correspondientes al partido judicial de Valencia y de la Audiencia Provincial de Valencia.
El 15 por ciento del material, según las primeras estimaciones, resultó dañado. La Sala de Gobierno del alto tribunal autonómico autorizó la limpieza de los sótanos del archivo y el traslado de las piezas que no fueron afectadas a otros espacios para “garantizar la conservación y la cadena de custodia”.
Estado del complejo de Riba-roja tras la DANA del pasado 29 de octubre.
La Conselleria de Justicia adjudicó el pasado 10 de diciembre a la empresa Becsa un contrato de emergencia para las “actuaciones necesarias” para la conservación o la destrucción de las piezas de convicción.
El contrato, por un plazo de dos meses y valorado en 229.900 euros, incluía la limpieza del lodo y la “destrucción” de las piezas de convicción afectadas, entre otra actuaciones. Las pruebas que se salvaron de la riada fueron trasladadas a la Ciudad de la Justicia de València.