Las fricciones por la nueva ley que regula las condiciones del personal sanitario están creciendo: los sindicatos médicos se manifiestan este jueves para pedir una norma solo para los facultativos mientras el Ministerio ha tenido que aplazar la próxima reunión para negociar y advierte de que hay «desinformación»
Arrancan las protestas de los sindicatos médicos contra Sanidad por la reforma de la ley que regula sus condiciones laborales
Los médicos, representados por diferentes sindicatos encabezados por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), se concentran este jueves ante el Ministerio de Sanidad para reclamar mejores condiciones laborales. Esto ha sucedido más veces en los últimos años: los profesionales arrastran cansancio por su elevada carga de trabajo, poco tiempo para atender a los pacientes y una retribución que muchos consideran insuficiente. Sin embargo, esta vez la queja se dirige al Ministerio y no como en otras ocasiones a las comunidades autónomas. Lo que cambia en este caso es lo que está en juego: la negociación de una ley, llamada Estatuto Marco, que no se actualiza desde hace 20 años y que va a marcar las bases de las condiciones de trabajo de todos los profesionales sanitarios de aquí en adelante.
En las últimas semanas el conflicto se ha acentuado hasta desembocar en la concentración de este jueves. El enfrentamiento gira en torno a un primer borrador que ha propuesto Sanidad como punto de partida para empezar a negociar y que, insisten en el departamento dirigido por la ministra Mónica García, no es definitivo y está abierto a cambios.
Los sindicatos médicos madrileños arrancaron con un ensayo de las protestas este lunes frente al Congreso de los Diputados. Tras esa pequeña movilización, el Ministerio difundió un documento de preguntas y respuestas sobre la situación de las medidas para “resolver dudas ante la desinformación”, lo que no ha sentado del todo bien a los convocantes de la protesta, que consideran que los cambios del borrador de ley no son suficientes e incluso empeora la regulación actual. Por encima de la pelea planea una cuestión que condiciona toda posible negociación: la principal reclamación de los sindicatos médicos es tener un estatuto propio al margen del resto de profesionales sanitarios.
Mientras, Comisiones Obreras, UGT, CSIF, FSES (una alianza entre CESM y Satse) y CIG Saude, que forman parte de las mesas de negociación formales, han entrado en escena este miércoles. Los sindicatos han suspendido las reuniones programadas con el Ministerio: consideran que hay “hechos” que “están afectando al desarrollo normal de la negociación” y se quejan de que “se está desvirtuando el proceso encomendado a los representantes de todo el personal estatutario, sin exclusión de ninguna categoría” al reunirse el departamento con otras organizaciones, las que han convocado las protestas, que no forman parte del ámbito de la negociación establecido. De estos sindicatos solo hay uno que se suma a las movilizaciones (CESM).
En esta maraña también están las comunidades autónomas. El Ministerio las ha reunido esta semana y asegura que hay puntos de consenso, de disenso y otros abiertos a la negociación, según ha expresado el secretario de Estado, Javier Padilla, tras el encuentro. El equipo ministerial debe negociar también con las autonomías para alumbrar un texto definitivo; un camino que no parece muy sencillo teniendo en cuenta que la mayoría de ellas están gobernadas por el partido de la oposición (PP). La consejera de Madrid, Fátima Matute, considera que el texto tal y como está “tiene fallos e incongruencias” y que “no se puede llevar a la práctica”.
Estos son los puntos de fricción que separan a los médicos del Ministerio de Sanidad, uno a uno:
Un estatuto propio
Los sindicatos médicos reclaman negociar sus condiciones por separado en un estatuto solo para facultativos que recoja la “singularidad, la responsabilidad, el desempeño y el liderazgo del médico en el proceso asistencial”, según el manifiesto leído el lunes por las organizaciones madrileñas que convocaron la protesta. “La única solución para retener talento en el Sistema Nacional de Salud y generar afección entre el colectivo médico es una regulación diferenciada que recoja sus especificidades como categoría profesional”, asegura, por su parte, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).
Los roces también son entre los propios sindicatos: los que representan exclusivamente a los profesionales piensan que deben ser ellos y no las organizaciones de clase como Comisiones Obreras o UGT las que se sienten a negociar con Sanidad. “Debemos ser los médicos y facultativos los únicos protagonistas de la elaboración del documento, porque es imprescindible tener en cuenta el momento clave que enfrentamos en la profesión”.
El Ministerio de Sanidad, sin embargo, piensa que “lo más adecuado para mantener la cohesión del sistema es un Estatuto común a todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), aunque ”se abre a estudiar cualquier propuesta que llegue por los cauces legislativos adecuados“.
Jornada laboral y guardias
Otro punto caliente de las negociaciones. El Ministerio anunció el año pasado que reduciría las guardias médicas de 24 a 17 horas. Y así se ha plasmado en el borrador sobre el que se está hablando con los sindicatos. Esta reducción es insuficiente para los sindicatos. “Mientras el Gobierno trabaja para conseguir una reducción de la jornada para todos los trabajadores a 37,5 horas, a los médicos se nos impone una jornada de 48 horas semanales, que en muchos casos se excede”, apuntan desde Amyts.
Sanidad aclara, en su documento de preguntas y respuestas, que las 48 horas “es el límite máximo en el cómputo cuatrimestral, pero no es obligatorio” y que ya está en el estatuto marco actual. Aunque la idea es reducir las horas de guardia, el Ministerio deja abierto a que sean más largas durante los fines de semana porque “es más complejo mantener la continuidad asistencial” y por “la situación actual de falta de profesionales”. “Limitar las guardias a 17 horas supondría en muchos casos que los profesionales tengan que trabajar varios fines de semana seguidos”, justifican.
Los sindicatos tampoco están de acuerdo con que las horas de guardias no sean extraordinarias e insisten en que la redacción del primer borrador establece que deben devolverse las horas del descanso obligatorio ligadas a esas guardias, pese a que Sanidad ha asegurado en varias ocasiones que no será así. También se mantiene, si nada cambia, la obligación de hacer guardias hasta los 55 años “para determinadas categorías” – aunque el departamento dirigido por Mónica García asegura que incluye nuevos supuestos de exención como el embarazo o el cuidado de hijos– y la llamada “movilidad forzosa” a otros centros siempre que sea “en casos excepcionales y de forma motivada”, por ejemplo por la apertura de un nuevo centro o situaciones de emergencia.
La incompatibilidad
Esta medida comenzó torcida. La ministra de Sanidad anunció en una rueda de prensa que el nuevo texto recogería que los jefes y jefas de servicio de los hospitales públicos, por ostentar este cargo, no pueden compaginar su trabajo en el Sistema Nacional de Salud con la actividad privada. “Nadie se imagina que alguien pueda trabajar en Coca-Cola y Pepsi a la vez”, afirmó unos días después García.
A los sindicatos médicos les encendió la manera de contarlo y el fondo de la medida: consideran que este nuevo régimen de incompatibilidades, que se aplica en algunas comunidades como Navarra o Extremadura, es “inaceptable”, “restrictivo” y “conlleva rechazo y mayor aislamiento” del sistema público.
Otro punto que ha generado polémica es la obligación de los profesionales de permanecer en el sistema público durante cinco años tras terminar el periodo de residencia. Sanidad asegura que el borrador deja opción a las comunidades para decidir “si aplican esta dedicación exclusiva” y, si es así, los médicos y médicas no podrán compaginar su actividad con la privada.
A1, salarios y estabilidad en el empleo
Los facultativos también piden una nueva reclasificación profesional “por la titulación” y el “grado de responsabilidad” para que no se equipare con otros profesionales bajo el grupo A1. Piden un nivel A“ plus específico, algo que Sanidad asegura que no es posible porque las clasificaciones dependen del Estatuto Básico del Empleado Público. No obstante, sí habrá una diferenciación, dice el Ministerio: por ejemplo, los especialistas médicos serán nivel 8 y las enfermeras, nivel 7.
Sanidad defiende que, aunque en fase de borrador, ya se han incorporado “muchas mejoras y avances que redundan en una mejora de las condiciones de trabajo”. Por ejemplo, que las ofertas públicas de empleo se celebren cada dos años y tengan un plazo de dos años también para resolverse. Tampoco habrá ya eventuales de cinco años ni interinos con 15 años de antigüedad, asegura el departamento, además de facilitarse los concursos de traslados –cuando alguien se quiere mover voluntariamente– “mediante concurso abierto y permanente con periodicidad anual”.
El aumento retributivo es otra larga demanda de los profesionales que tampoco se va a resolver con esta ley “porque es una norma básica que no regula la cuantía de las retribuciones”, dice Sanidad. Las complementarias son competencia de las comunidades autónomas. Sí se introducen algunos cambios en los precios pagados por cada guardia: debe ser como mínimo del 90% de la hora ordinaria, aunque es competencia de cada comunidad.