El magistrado archiva el caso de las subvenciones del Ayuntamiento a entidades sociales y muestra de forma abierta sus discrepancias con la Audiencia de Barcelona, que en el pasado ordenó reabrirlo
Asociación por la Transparencia, la entidad opaca que se dedica a pleitear contra Colau
“Intento de investigación prospectiva” o de “causa general”. Es lo que la entidad opaca Asociación por la Transparencia buscaba mediante su última petición al juez de Barcelona en la causa sobre las subvenciones que el Ayuntamiento de Barcelona otorgó a entidades sociales durante el mandato de Ada Colau. El magistrado ha archivado por segunda vez el caso contra la exalcaldesa y una interventora municipal.
En su resolución de archivo se hace evidente el desencuentro que han mantenido a lo largo de toda la causa el juez instructor con la sección 5ª de la Audiencia de Barcelona, encargada de revisar sus decisiones y que hace dos años revocó el primer archivo del caso y ordenó imputar a Colau. Una nueva estimación del recurso de la entidad opaca por parte de la Audiencia abocaría a Colau a sentarse en el banquillo, pese al contundente rechazo del instructor a apreciar indicio delictivo alguno en su actuación.
La decisión de la Audiencia de imputar a la interventora se produjo en unos términos que varias fuentes jurídicas consultadas consideraron desacertados, ya que uno de los argumentos para acordarla fue la comparación entre sus revisiones de las subvenciones y sus publicaciones académicas que nada versaban sobre las ayudas municipales a entidades sociales. La imputación de la interventora también había generado preocupación en este colectivo de funcionarios.
El juez decide archivar de nuevo el caso tras rechazar una nueva batería de pruebas propuestas para alagar el caso por parte de la Asociación por la Transparencia, la entidad opaca y sin actividad conocida en Barcelona más allá de pleitear contra la alcaldesa que se querelló contra Colau por las subvenciones. Tanto la Fiscalía como la defensa de la interventora y la de Colau, que ejercen los abogados Olga Tubau y Àlex Solà, habían pedido el archivo del caso.
La entidad proponía imputar a la actual directora del Observatorio Desc, una de las entidades subvencionadas; que una asesora jurídica y un empleado municipal declararan como testigos; que su perito ratificara un informe; y que se oficiara a la Administración General del Estado para emitir un informe sobre si hubo “algún beneficio para la sociedad barcelonesa” en las subvenciones concedidas a entidades sociales como la PAH o la Alianza Contra la Pobreza Energética.
El auto judicial muestra cierta estupefacción por esta última solicitud de informe. “¿Qué se entiende por ‘beneficio para la sociedad barcelonesa’?”, se pregunta retóricamente el juez, para a renglón seguido cargar con contundencia contra la solicitud de la Asociación por la Transparencia: “No se especifica siquiera en qué consiste el dictamen que debe hacerse”.
El resto de diligencias solicitadas por la entidad opaca, a juicio del instructor, parece que buscaban “encontrar algún indicio de algún otro delito para continuar la causa, convirtiéndola en una causa general y una proscrita investigación prospectiva”.
El respaldo del magistrado al comportamiento de la interventora investigada es total. Es más, en un comentario inusual, el juez muestra su abierta “discrepancia” con la comparación entre el trabajo en el consistorio y los artículos académicos que la Audiencia de Barcelona consideró para imputarla.
“En cada uno de los convenios investigados existía una memoria”, recuerda el juez sobre los expedientes. Recuerda además el instructor que las mismas subvenciones ya se entregaban con el mismo procedimiento en el anterior mandato de Colau, cuando el alcalde entonces era Xavier Trias (CiU).
“El Ayuntamiento decidió, conforme un procedimiento legalmente previsto y seguido en numerosas ocasiones, la concesión de subvenciones públicas a entidades con fines sociales que llevaban años siendo subvencionadas, algunas desde 2008”, resuelve el magistrado.
En una velada referencia al uso político de la causa judicial por parte de la entidad opaca querellante, el magistrado añade que a gestión del dinero público “puede ser objeto de crítica por priorizar unas opciones políticas frente a otras, pero no automáticamente se convierte en una cuestión de la que deba conocer la jurisdicción penal”.
A la espera de si la Audiencia de Barcelona confirma el sobreseimiento del caso, todas las causas judiciales que se abrieron contra Colau durante su etapa al frente de Barcelona han terminado en archivo. Pese a ello, la exalcaldesa tuvo que comparecer como investigada en dos procedimientos meses antes de las últimas elecciones de 2023.
En una de estas causas, la jueza que archivó el caso alertó de que el fondo buitre Vauras se querelló contra Colau con “fines ajenos a los del procedimiento penal”, en lo que supuso la primera vez que la Justicia admitía la guerra judicial contra la exalcaldesa por parte de sus rivales.