“Un día me llamó la policía y me dijo que habían rescatado a mi hija. Habían encontrado un billete de avión, la banda quería sacarla del país”. Así se enteró Juana (nombre ficticio) de que su hija menor de edad había sido una de las víctimas de la red explotación sexual de la Región de Murcia. Una red cuyos clientes –algunos, empresarios muy conocidos– se librarán de la cárcel tras diez años de retraso en el proceso judicial y un pacto entre la Fiscalía y la defensa. La decisión