Todo parece indicar que no estamos ante un simple caso de irregularidad fiscal. Podríamos estar ante un caso de financiación ilegal de partidos
El título de este artículo contiene deliberadamente una ambigüedad sintáctica. Es deliberada porque mi interés es hablarles hoy de dos cosas. En primer lugar, de lo que, a esperas de cómo avance la investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo y la eventual instrucción del caso, tiene muchas probabilidades de ser un caso claro de corrupción política y financiación ilegal de partidos cometido por Alvise Pérez. Unos hechos, parcialmente reconocidos, y que él ha intentado “justificar” en un video en las redes preguntándose: “¿Quién de ustedes no ha hecho concesiones, pequeños sacrificios de moral, para llegar donde está?”. En segundo lugar, me interesa también comentar algunas cosas sobre “la moral” o, más concretamente, la moralidad política de Alvise. Vamos allá.
El caso es conocido, y elDiario.es lo ha destapado. Alvise Pérez, según él mismo ha reconocido, cobró 100.000 euros en cash por supuestos “servicios privados” del empresario Álvaro Romillo, apodado ‘Cryptospain’, fundador de Madeira Invest Club, sin factura y sin declararlos a Hacienda. El propio empresario así lo ha confesado a Fiscalía, aportando los audios de las conversaciones y los mensajes privados intercambiados con Alvise. Aparentemente, el tal señor ‘Cryptospain’ habría actuado de intermediario entre donantes privados “con mucho dinero” y el partido de Alvise. Cuando Alvise Pérez se ha visto investigado por este asunto, se ha decidido a presentar una declaración complementaria a Hacienda para “regularizar” su situación fiscal. Y, según él, aquí concluye la historia.
Pero no es tan sencillo. Todo parece indicar que no estamos ante un simple caso de irregularidad fiscal, como si un autónomo cualquiera hubiera “olvidado” facturar y declarar alguna prestación de servicios ordinaria. Por lo que hemos podido ver de los mensajes privados de móvil y audios de conversaciones entre Alvise y el tal ‘Cryptospain’, la donación en metálico de esta suma importante de dinero tendría por finalidad sufragar algunos gastos de campaña en las elecciones europeas, en las que, recordemos, Alvise Pérez fue elegido eurodiputado, además de ayudarle con el pago de algunas “multas” a las que Alvise ha sido condenado, en algunos casos con sentencia ya firme, por delitos de revelación de secretos.
En caso de que se confirmara lo segundo, lo que tendríamos no es un pago por prestación de servicios por parte de un trabajador autónomo, servicios que por cierto Alvise no ha especificado, sino una donación privada no declarada como tal y por la que no habría tributado, como es preceptivo. Pero en caso de confirmarse lo primero, que al menos una parte de esta cantidad hubiera servido para financiar gastos de campaña, como se admite en los mensajes, en los que llega a pedir dinero que no pueda ser fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, ya nos encontraríamos ante un caso de financiación ilegal de partidos.
La Ley Orgánica 8/2007 de financiación de partidos políticos es muy clara. En su artículo 4 establece que las donaciones privadas realizadas por personas físicas deben efectuarse a través de cuenta bancaria y con total transparencia y fiscalización del Tribunal de Cuentas. Y el artículo 5 prohíbe las donaciones anónimas o procedentes de personas jurídicas, también las donaciones finalistas, y en cualquier caso las donaciones privadas superiores a 50.000 euros. La forma de efectuar el pago de estos 100.000 euros en cash ya vulnera el artículo 4. Al ser anónima, infringe también el 5.1.a. Si se considera finalista, por lo que comentaré después, vulnera el 5.1.a doblemente. Si proviene de persona jurídica, por ejemplo de Madeira Invest Club, también vulnera el 5.1.c. Y, finalmente, si la parte de los 100.000 euros que fuera de hecho destinada a sufragar gastos de campaña superara los 50.000 euros, infringiría también el 5.1.b, salvo que se lograra demostrar que el dinero procede de distintos donantes privados –que, en todo caso, al ser donaciones anónimas, seguiría infringiendo el 5.1.a–.
Estas infracciones de los artículos 4 y 5, en caso de demostrarse, son consideradas por el artículo 17.2 de la LO 8/2007 “infracciones muy graves”, y sancionadas por el artículo 17bis.1 con multas administrativas que podrían llegar a quintuplicar la cantidad que haya excedido el máximo de donaciones permitido por la ley. De esta multa debería hacerse cargo en principio la agrupación de electores Se acabó la fiesta (SALF).
Pero es que, además, Alvise Pérez habría incurrido en tal caso en un delito de financiación ilegal de partidos recogido por el artículo 304 bis del Código Penal, con multa penal de hasta 5 veces la cantidad constitutiva de donación ilegal, y de la que Alvise sería responsable individualmente.
La responsabilidad penal de Alvise no terminaría ahí. En los audios se puede escuchar perfectamente cómo alguien que es supuestamente Alvise Pérez pide al donante grandes sumas de dinero a cambio de una promesa de convertirse en “llave de gobierno con Feijóo y Abascal” y de asegurarse que se legisle en favor del sector de las criptomonedas y de los intereses privados del empresario donante. De ser todo esto así, Alvise Pérez podría haber incurrido en un delito de cohecho pasivo que, dependiendo de la modalidad concreta que se le imputara, podría llegar a ser castigado con penas de prisión de hasta seis años, multas de hasta 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de hasta doce años. Dicho llanamente, Alvise habría incurrido en un delito grave de corrupción política. El más grave que, de hecho, puede cometer un político en el ejercicio de su responsabilidad pública.
La confesión del empresario ‘Cryptospain’ y la aparente veracidad de los mensajes y audios filtrados son de tal gravedad y contundencia, que parece evidente que la Fiscalía del Supremo debería pedir próximamente la apertura de una instrucción judicial de este caso y la imputación de Alvise como investigado. Si eso sucede, en su condición de aforado europarlamentario, Alvise tendría el privilegio de ser investigado y eventualmente juzgado por el Supremo directamente, un beneficio que ciertamente no tenemos los comunes mortales. Para ser alguien que se presentó a las elecciones europeas bajo la promesa de terminar de una vez por todas con la corrupción política, todo indica que la fiesta que podría acabarse muy pronto es la suya propia.
Que Alvise Pérez haya intentado justificar públicamente sus acciones, al menos aquellas que él mismo ha confesado, diciendo que todo el mundo ha tenido que hacer concesiones y “pequeños sacrificios de moral” para llegar a donde está, es deshonesto e insultante. Seamos claros. No hay peor lacra para una democracia que la corrupción de los representantes electos. No deja de sorprenderme que nuestro Código Penal, tan excesivamente duro y punitivista con muchos delitos, sobre todo aquellos cometidos contra la propiedad privada, imponga penas relativamente menores a hechos delictivos de la máxima gravedad pública. La corrupción política deteriora profundamente la confianza de la ciudadanía en las instituciones, y ello implica, en última instancia, la muerte de la propia democracia. Si los actos de corrupción los cometen líderes políticos que han sido aupados por un mensaje de terminar con dicha corrupción, los efectos son aún peores. En caso de demostrarse todos estos hechos gravísimos, ¿cómo vamos a convencer a los 800.000 ciudadanos españoles que votaron por SALF en las elecciones europeas de que confíen en otras formaciones políticas, en lugar de creer lo que muchos de ellos ya estarán pensando, que esta supuesta corrupción de Alvise no hace sino demostrar que la política corrompe a todos? Vean cuál podría ser el impacto político y democrático de los “pequeños sacrificios” de moral cometidos por Alvise.
Y esto me lleva al segundo punto, el de la moralidad política de Alvise. Alvise Pérez se presentó a las elecciones bajo una bandera ideológica libertaria o, dicho más técnicamente, libertariana. Ya saben: los impuestos son todos injustos, el estado debería ser reducido al mínimo, ni educación ni sanidad públicas, ni ayudas sociales, ni subvención a la cultura, nada. Salvo mano dura policial y judicial y un gasto ilimitado en prisiones, claro. Y todo lo demás librado al sagrado mercado. Es esta ideología tan de moda entre las derechas populistas del mundo, sobre todo las más grotescas, como la de Milei. Una ideología, por cierto, con orígenes venerables en el pensamiento político, como la teoría política de Robert Nozick. Pero que las nuevas derechas están instrumentalizando para extender un mensaje populista, simplista, en realidad vacío y falso, en el que ellas mismas no creen, y contradictorio con las ideas de sus propios héroes morales.
En sus mensajes de autojustificación, Alvise no ha perdido la oportunidad para cargar no sólo contra la “trama del poder” y “el sistema corrupto”, sino contra la injusticia del sistema fiscal y para formular una petición directa a sus simpatizantes: “todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis. Que se acabe la fiesta”. Más claro imposible. Él confiesa haber defraudado a Hacienda, y sólo cuando se ha visto descubierto ha aceptado “regularizar” su situación. Y pide al resto de ciudadanos que hagan lo mismo. No se comprende, entonces, cuál es el “pequeño sacrificio” de su moral cometido por Alvise, ¡si su moral le lleva a defender la generalización de esa conducta! De las muchas razones por las que su formación política es un peligro para el sistema democrático en España, tal vez esta sea la peor.