Un juez de instrucción admite a trámite una querella del periodista Carlos Sosa y cita a declarar a Alba y a Teresa Lorenzo por la difusión en Confilegal, Ok Diario y Radio Las Palmas de datos reservados de la causa que se abrió contra el director de Canarias Ahora por sus informaciones sobre el exjuez corrupto
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El magistrado Rafael Passaro, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, ha admitido a trámite una querella presentada por Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, contra el exjuez Salvador Alba y su pareja, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo, por los presuntos delitos de descubrimiento de secretos y desobediencia a la autoridad judicial. El instructor ha abierto diligencias en un auto fechado el pasado sábado y ha citado a declarar a ambos como querellados los días 28 y 29 de enero.
Sosa acusa a ambos de revelar datos declarados secretos en la causa que tramitó un juzgado de Madrid contra el periodista tras la querella que Alba le interpuso por las informaciones que publicó Canarias Ahora sobre las maniobras delictivas que ejecutó el exjuez para tratar de acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell, ex delegada del Gobierno contra la violencia de género y pareja de Sosa.
Alba presentó esa querella tras ser condenado en firme a seis años y medio de cárcel por prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), primero, y el Supremo, después, concluyesen que retorció una causa penal que instruía en sustitución de Rosell (que había pedido la excedencia para concurrir a las elecciones con Podemos) con el único afán de perjudicarla.
La querella de Alba contra Sosa fue admitida a trámite por la jueza María Ángeles Velázquez, titular del Juzgado de Instrucción 27 de Madrid, en un auto, dictado en el verano de 2022, en el que advertía de forma expresa y a instancias del querellante de la prohibición de difusión de las actuaciones. “Las diligencias serán reservadas y no tendrán el carácter de públicas hasta que se abra juicio oral”, recogía esa resolución judicial, en la que además avisaba a las partes de las responsabilidades previstas en el Código Penal en las que podían incurrir en caso de revelación.
A pesar de esta advertencia expresa, datos de esa causa declarada secreta fueron publicados en Confilegal, OkDiario y Radio Las Palmas antes de que la jueza dictara (el pasado 5 de febrero) el auto de apertura de juicio oral contra el periodista, para quien Alba pide 23 años de cárcel por delitos de odio, acoso y revelación de secretos. Por esa causa Sosa ha tenido que depositar una fianza de 422.500 euros. La Fiscalía ya ha pedido el sobreseimiento y la absolución del director de Canarias Ahora, puesto que las noticias publicadas “exponían hechos noticiables y de interés público sin publicar datos de carácter privado o íntimo del querellante”.
Las primeras informaciones de esos medios sobre la causa contra el periodista fueron publicadas en junio de 2022, después de que se diera traslado a las partes de la querella. En las publicaciones de Confilegal y de OkDiario se reproducen pasajes de la querella de Alba y del auto que dio comienzo a la instrucción.
También se hizo eco de esa denuncia en Radio Las Palmas el comunicador Juan Santana, que fue durante dos décadas jefe de prensa de el exministro José Manuel Soria (PP) y que desde que estallara el caso Alba tuvo al exjuez corrupto como colaborador habitual en su programa.
Según la querella de Sosa, Alba y su pareja también incumplieron el mandato de la jueza instructora al facilitar a Confilegal no sólo el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura del juicio oral, sino también el escrito de acusación de los querellantes. Ese portal especializado en información jurídica está dirigido por Carlos Berbell, quien también mantiene una estrecha relación con Alba e incluso llegó a redactar un comunicado difundido por el exjuez cuando ya había sido suspendido y estaba a la espera de que se celebrara el juicio que acabó por condenarle.
Confilegal publicó en enero de este año una noticia titulada “La pareja de Victoria Rosell se sentará en el banquillo por la presunta comisión de tres delitos contra el exmagistrado Salvador Alba”, con información extraída de esa causa declarada secreta.
La querella de Sosa señala que esas publicaciones son anteriores al auto de apertura de juicio oral y que, por lo tanto, se ha revelado información declarada secreta o reservada de la que sólo tenían conocimiento las partes personadas, querellante y querellado.
En el auto dictado el pasado sábado, el juez Rafael Passaro incoa diligencias previas y cita a declarar como querellados a Salvador Alba y a Teresa Lorenzo para enero. Antes, en diciembre, deberán comparecer como testigos los periodistas que firmaron esas publicaciones, entre ellos Carlos Berbell y Juan Santana.
Abstención no aceptada
Cuando la querella de Carlos Sosa recayó en el Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, su titular, Rafael Passaro, solicitó abstenerse. Este magistrado fue quien instruyó y archivó la denuncia que Salvador Alba presentó contra Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, por la grabación que destapó la conspiración contra Victoria Rosell. En el curso de esas diligencias, Alba amenazó a Passaro con una querella por preguntarle por el audio íntegro encontrado por la Guardia Civil en la papelera del dispositivo de grabación utilizado por el empresario, que había entregado a la justicia uno recortado.
Tiempo después, el periodista Juan Santana, dentro de la campaña que emprendió en su programa en defensa de Salvador Alba, a quien invitaba de forma periódica a participar, realizó una entrevista a la exmujer de Passaro en la que se vertieron duras acusaciones vinculadas con la esfera personal del titular del Juzgado de Instrucción 2 de la capital grancanaria. Santana acabó siendo condenado a indemnizar con 25.000 euros a Passaro por dañar su honor.
Esos antecedentes fueron los motivos esgrimidos por el juez instructor para pedir una abstención que la Audiencia Provincial de Las Palmas no aceptó, obligándole a hacerse cargo de la causa.