Mónica Martínez Bravo: «La acogida de menores migrantes no puede esperar a un reparto ideal de competencias»

Mónica Martínez Bravo (Barcelona, 1982), la nueva consellera de Derechos Sociales y Inclusión de la Generalitat, ha sido uno de los fichajes estrella del president Salvador Illa. Hija de un barrio humilde de la capital catalana, se licenció en Economía en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), se doctoró en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Estados Unidos –especializada en desigualdades sociales–, y fue galardonada como la mejor economista de España menor de 40 años. 

Tras asesorar el Gobierno central con el despliegue del Ingreso Mínimo Vital (IMV), en 2023 dio el salto a la Administración como secretaria general de Inclusión, y ahora aterriza en la conselleria con el objetivo, entre otros, de completar el traspaso de esta prestación a manos de la Generalitat y de conseguir que llegue a toda la población en situación de pobreza. En su primera entrevista en el cargo, defiende el replanteamiento del Plan Piloto para una Renta Básica Universal (RBU), una mayor eficiencia de los servicios sociales para evitar su deterioro y llama a redoblar esfuerzos para acoger a los menores extranjeros que llegan a las costas canarias.  

¿Puede decir cuándo veremos en Catalunya una ventanilla única para la solicitudes del IMV y de la prestación catalana, la Renta Garantizada de Ciudadanía? 

Estamos muy ilusionados con la gestión del IMV desde Catalunya, que permitirá hacerlo de forma más cercana y pulir algunas de sus limitaciones, como es la integración con servicios sociales para que la tramitación sea más ágil. Es una oportunidad inmensa para sacar el mejor partido de ambas prestaciones y que donde no llegue una, pueda llegar la otra. Y también para que el ciudadano pueda solicitarla con el menor número de trámites. Pero es cierto que es complejo, con lo cual es más importante hacerlo bien que hacerlo rápido y mal. En el País Vasco estuvieron más de dos años hasta que se hizo efectivo el traspaso. Nosotros queremos acortarlo. 

¿El compromiso es por lo tanto fusionar ambas prestaciones para que los ciudadanos vulnerables no tengan que hacer dos solicitudes como ahora? 

El objetivo es una única solicitud y una única resolución. Que al ciudadano le llegue una única carta donde diga qué corresponde al Ingreso Mínimo y qué a la Renta Garantizada. Dado que el primero tiene una legislación estatal, lo inteligente es adaptar la segunda para que cubra sus limitaciones. Por ejemplo, el IMV considera unidad de convivencia todas personas empadronadas en un hogar. Pero puede pasar que en esa casa haya un tío que tiene un trabajo estable y por ello quedan fuera de la prestación. La idea es diseñar la Renta Garantizada para conseguir que se rechacen el mínimo de casos. 

Uno de los principales problemas de ambas prestaciones es que no llegan a todos los potenciales beneficiarios. Según la entidad ECAS, el 60% de la población en pobreza severa no recibía ninguna de las dos. ¿Cómo es posible cuando ya llevamos varios años desde su puesta en marcha? 

No se trata de una sola problemática. Es cierto que hay gente a la que le falta información, o que existen dificultades en la solicitud por ser un trámite complejo. Pero también el diseño de la prestación hace que no sea atractiva para muchos, a pesar de que se trata de dinero. A veces las cantidades se dan en base a ingresos de hace un año y esos datos están disponibles con retraso, con lo que se crea un decalaje. Cuanto más lejos estás del umbral, más probable es que pidas la prestación y te sometas a los trámites, pero hay familias que están al límite, que quizás les tocarían 100 euros al mes, y que lo ven tan complejo que prefieren centrar su tiempo en buscar trabajo. Ahí tenemos que redoblar esfuerzos. 

¿Qué van a hacer exactamente desde la conselleria para resolverlo? 

En cuanto al IMV, hay que reivindicar que siga ganando agilidad y que el análisis de los ingresos de los ciudadanos se aproxime a la fecha de solicitud.

¿Esto lo puede hacer la Generalitat? 

Exige pasar por el Congreso de los Diputados y buscar los apoyos necesarios. Pero hay que hacerlo. El Ingreso Mínimo es uno de los mayores impulsos del Estado del Bienestar de las últimas décadas, pero debemos ser valientes y mejorarlo. 

¿Desde la Generalitat pedirán entonces que se reforme la ley para que sea más ágil la tramitación?

El Ministerio [de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones] ya es consciente de ello. La prestación está en constante evaluación. Poner más información, acompañamiento y ayudas a la solicitud contribuye pero no es suficiente para solucionar el problema. 

Una familia de cuatro miembros recibe ahora una prestación de 1.300 euros al mes. Cáritas denunció que esto en Barcelona cubre el 35% de los gastos básicos para vivir. ¿Prevén aumentar las mensualidades?

Sé que hay demandas en este y otros sectores. Pero creo que antes de correr a aumentarla, la cuestión es lograr que se despliegue y llegue a todos los que deberían recibirla. Un modelo que me gusta es el que abre la vía a complementos al margen de la prestación básica, como es el de la infancia, que tiene un umbral más laxo y puede llegar al 40% de la población con menos recursos. ¿En un futuro podría haber complementos para asumir otros gastos o el creciente coste de la vida? Es interesante explorarlo.

Las quejas por el exceso de trámites que deben hacer las familias vulnerables va más allá de esta prestación: va desde las becas comedor al bono social eléctrico (que no alcanza al 80% de quienes pueden recibirlo) pasando por las ayudas al alquiler. ¿Qué hará para acabar con estos viacrucis administrativos?

Lo intentaremos con todas nuestras fuerzas, porque son trámites extremadamente complicados. Tenemos que poner los datos a trabajar. Hacen falta estructuras digitales pensadas para tener un estado del bienestar que funcione en base a automatismos, para hacer la vida más fácil al ciudadano. Que las distintas administraciones tengan interoperabilidad de datos no es un capricho, es una necesidad para acabar con la pobreza y la desigualdad. 

En cuanto al bono social, el modelo portugués, por ejemplo, pasa por que la Administración facilite directamente la lista de las personas que tienen derecho al bono. ¿No cree que sería más ágil? 

Desconozco los detalles de su implementación. A veces requiere cambiar leyes, como la de Protección de Datos, aunque esta es europea. Si los portugueses han podido hacerlo, ¿por qué nosotros no? Hay que ser ambiciosos. Dar prestaciones de forma ágil es fundamental para el futuro del Estado del Bienestar.

Esta semana han relevado al director de la Oficina del Plan Piloto para la Renta Básica Universal (RBU). El PSC nunca ha sido partidario de esta iniciativa, pero el pacto de investidura con ERC contempla llevarlo a cabo. ¿Lo mantendrán tal cómo lo diseñaron sus antecesores?

De entrada, quiero decir que cumpliremos íntegramente todos los acuerdos, este incluido. Mantendremos la Oficina y haremos el plan piloto. Pero es cierto que su diseño tenía limitaciones, como por ejemplo que los beneficiarios podían pasar a acumular pagos indebidos y que la Seguridad Social les contactase y se los reclamase al cabo de un año. No estaba bien resuelto. Ahora estamos en fase de análisis y escucha para poder hacerlo bien. 

El Ayuntamiento de Barcelona hizo un plan piloto en la zona del Besòs, el B-Mincome, con transferencias a familias vulnerables, y no tuvieron problemas como el que cita. 

No sé cómo se hizo ni si incluyó a personas con prestaciones que tuviesen incompatibilidad. La alterativa es hacer un piloto ligeramente diferente y sin los colectivos que tienen esas incompatibilidades, como se ha hecho en Finlandia. Si destinamos un dinero a esta evaluación, debemos asegurarnos de que sea sólida y no crear problemas a los ciudadanos. 

En todo caso, lo que se propuso abarcaba a 10.000 catalanes, de los que 5.000 iban a recibir esa prestación de 800 euros al año por persona durante un curso. Ese piloto ascendía a 40 millones al año, pero el PSC lo tumbó durante la negociación de presupuestos de 2023, al considerar que era un gasto excesivo. ¿Su intención es hacer algo parecido a ese plan? ¿O de menor alcance? 

El coste global da para una reflexión. 40 millones al año más otros costes no contemplados lo hacen extremadamente caro. Es el más caro que se ha hecho en la historia de la humanidad. Habría que buscar vías para hacer evaluaciones más efectivas, que siguiesen informando para el debate de la Renta Básica Universal, pero con un coste más comedido y acorde a la evidencia científica. Aun así, insisto en que no renunciaremos a hacer un buen piloto. 

Una de las prioridades que ha señalado es la de reducir el número de menores tutelados de 0 a 6 años que viven en residencias y no en familias de acogida. Es un objetivo que se han fijado antes muchos otros consellers, pero sin demasiados avances. ¿Qué medidas concretas prevé para lograrlo?

Haremos un plan de choque para estas familias. Lo primero es hablar con esas familias de acogida, y también con las que lo han intentado y han desistido, para entender qué ha ocurrido. A veces los trámites son largos, a veces se les piden demasiados pasos burocráticos, se sienten más observadas que acompañadas… No hay ayudas ni prestaciones pensadas para ellas y se puede valorar, pero creo que muchas veces lo que necesitan es sentirse valoradas. Con todo, si al final vemos que es un tema de falta de recursos económicos, los movilizaremos. 

Ha llegado al cargo en plena polémica sobre el reparto de menores migrantes que llegan en situación irregular a Canarias y la reforma de la Ley de Extranjería. Como responsable de Infancia en Catalunya, ¿cómo cree que debería ser su proceso de acogida? 

Debería haber reglas claras y objetivas de reparto acordadas por todas las comunidades autónomas, para que las contingencias no nos obliguen a sentarnos y a debatir y a que sea una cuestión voluntaria. Si cada vez abrimos una negociación no acabaremos nunca. Debemos ponernos de acuerdo y que se agilice el proceso igual como hacemos con los colectivos en asilo hasta cierto punto. 

Sus antecesores en el cargo, de ERC, alegaban que en las negociaciones del reparto no se tenía en cuenta la singularidad de Catalunya, que pese a estar lejos de casos como Canarias o Ceuta y Melilla, hace un esfuerzo de acogida superior al resto. ¿Usted lo comparte?

Catalunya siempre ha sido una región que ha mostrado gran solidaridad y voluntad de acogida en su historia. En el pasado más reciente, con estos menores, ha sido de las comunidades autónomas con más voluntad y las cifras así lo reflejan. Ahora bien, dada la situación dramática que hay en Canarias, todas debemos redoblar nuestros compromisos. Y no lo digo solo desde la vertiente humanitaria. En general la migración es uno de los principales activos que tenemos como sociedad. En Catalunya tenemos un programa pionero de acompañamiento a los extutelados [hasta los 23 años] para ayudarles en la transición a la vida independiente, y muchos de ellos están yendo a la universidad. Qué menos que invertir en esos jóvenes para que sean motor de crecimiento y contribuyan a nivel social. 

¿Qué le parece que Junts rechace un pacto en este sentido hasta que no se traspasen las competencias en inmigración? 

Hay medidas que no pueden esperar a que tengamos nuestra configuración ideal de reparto de competencias o de financiación. A día de hoy tenemos una crisis humanitaria, esa es la realidad, con niños y niñas en extrema vulnerabilidad, sin referentes familiares y que necesitan ayuda urgente. Cualquier persona que visite esos centros, o hable con cualquiera de estos chicos y chicas, o se imagine remotamente por lo que atraviesan, ve que es central. Por eso me sorprenden los planteamientos de no querer acoger hasta tener una configuración ideal. 

La consellera Mònica Martínez Bravo, en su despacho del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, en Barcelona

El delegado del Gobierno en Catalunya ha advertido en los últimos meses a Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, por no empadronar a personas en situación irregular. Pero lo cierto es que hay otros municipios, algunos gobernados por socialistas, que tampoco lo hacen. ¿Va a perseguir esas prácticas?

No se si perseguir es la palabra. La Generalitat tiene un rol de coordinar las políticas que pasan en el territorio y velar para que se aplique la legislación vigente. Sobre Ripoll, lo dijo el president Salvador Illa en el Parlament: la Generalitat estará al lado de todos los habitantes y vigilante para que se cumplan sus derechos y sus deberes. Nuestra vocación es que eso sea para todo el territorio. 

Hace unos meses la Generalitat pactó un aumento del 5% de las tarifas de la cartera de servicios sociales. Ahora que se abre la negociación de los presupuestos de 2025, ¿prevé un nuevo aumento?

Estamos pendientes del escenario presupuestario. Nuestro compromiso es seguir con el diálogo social y con la negociación. Lo que sí creo es que este sector necesita que ayudemos a dignificarlo, especialmente a sus trabajadores y trabajadoras, que son sobre todo mujeres. Sus condiciones laborales no son muy favorables y somos conscientes del reto que supone. 

Ha anunciado 6.000 nuevas plazas de residencias para personas mayores y discapacitados. ¿Supondrá esto un cambio significativo en las listas de espera? 

Será una bocanada de aire para el sector. Pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad y la obligación de poner luces largas y abordar el reto del envejecimiento de la población, impulsando un nuevo modelo de desinstitucionalización y de apoyo a las familias en sus hogares. Hay que dar cuenta del gasto o de la inversión que necesitaremos para dar buena calidad a esos servicios públicos y que no se deterioren, porque entonces si no el servicio será de mayor calidad para el que pueda pagárselo y deficiente para el resto de la población. 

A pesar de ello, y de la pandemia, los sindicatos denuncian que el modelo catalán sigue favoreciendo lo privado y sin mejoras laborales. ¿Qué les dice a los trabajadores?

Les diría que llevamos mes y medio en el gobierno, que hemos anunciado un incremento del 5% en las tarifas en 2024 y que, sabiendo que no es suficiente, será un primer paso. Aun así, en algunos lugares tenemos dificultades para encontrar personal para cubrir vacantes, lo que sobrecarga a las trabajadoras. Debemos trabajar lo más rápido posible para asegurarnos de que el mercado laboral está bien dimensionado para este gran reto. Además, en este sector hay otras herramientas a explorar, como las mejoras tecnológicas o la compatibilidad de servicios en distintas áreas. El abordaje debe ser integral y más dinero no será la única solución.