El PP se desmarca de su apoyo inicial a la iniciativa impulsada por Sumar al considerar que es una treta para beneficiar a presos de ETA, mientras el PSOE defiende la normativa como un avance en la justicia penal
Feijóo rechaza asumir responsabilidades por no enmendar la ley que convalida penas en el extranjero
El Congreso ha dado luz verde a una reforma legal que permitirá a los presos condenados en otros países de la Unión Europea sumar las penas cumplidas en el extranjero al cómputo total en España. La aprobación de la ley ha generado una nueva bronca política, especialmente tras el cambio de postura del PP. Los populares apoyaron inicialmente la norma pero ahora la rechazan acusando al Gobierno de “engaño” por beneficiar a presos de ETA.
Aquí tenéis algunas claves para entender la nueva reforma y el debate que ha suscitado:
¿De qué trata la norma?
La ley, aprobada por unanimidad en el Congreso, modifica la normativa para que los presos condenados en otros países de la Unión Europea puedan sumar las penas cumplidas en esos países al cómputo total en España. Esta modificación surge de la transposición de una directiva europea y ha sido impulsada por una enmienda de Sumar que elimina una restricción impuesta en 2014 por el PP, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy ya abordó esta directiva.
¿Por qué es relevante esta ley?
La nueva normativa permite acumular las penas cumplidas en otros países, lo que podría afectar a varios presos, incluidos miembros de ETA que hayan cumplido parte de su condena en países como Francia. Este cambio elimina una disposición adicional introducida en 2014 por el PP que limitaba este beneficio a condenas posteriores al 15 de agosto de 2010, dejando fuera a algunos presos de la organización terrorista.
¿Cuál es el origen de esta modificación legal?
La modificación responde a la necesidad de incorporar una directiva europea de 2008 que obliga a los Estados miembros a reconocer las condenas impuestas en otros países de la UE. Esta directiva ya había sido parcialmente incorporada en 2014 durante el gobierno de Mariano Rajoy, pero con la restricción que ahora ha sido eliminada por la enmienda de Sumar.
¿Cómo ha sido el proceso legislativo?
La ley fue tramitada por el Gobierno de forma urgente, eliminando ciertos informes consultivos pero permitiendo enmiendas parlamentarias. Durante el proceso, Sumar introdujo una enmienda que derogó la disposición adicional de 2014. Ni el PP ni Vox presentaron ninguna enmienda y ambos partidos votaron a favor del texto tanto en la Comisión de Interior como en el Pleno del Congreso, que aprobó la norma por unanimidad.
¿Quién se beneficiará de esta ley?
Según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), al menos 44 miembros de ETA podrían beneficiarse de la nueva normativa, ya que podrían descontarse los años cumplidos en otros países de la UE, lo que permitiría que al menos siete de ellos fueran excarcelados. Sin embargo, la ley no se aplica exclusivamente a los etarras, sino a cualquier preso condenado en la UE que cumpla los requisitos.
¿Qué ha dicho el PP sobre su apoyo a la ley?
Borja Sémper, portavoz del PP, ha calificado el asunto como un “error generalizado” y ha acusado al Gobierno de “engaño”, argumentando que se utilizó la tramitación urgente para introducir modificaciones sin que se percataran. El PP ha acabado admitiendo que no repararon en la enmienda que derogaba su propia disposición de 2014.
¿Qué han explicado desde Sumar?
Enrique Santiago, diputado de Sumar y representante del partido en la ponencia de la ley, ha argumentado que la enmienda corrige una discriminación contra los ciudadanos españoles que no podían beneficiarse de la acumulación de penas en el extranjero, algo que sí es posible en otros países de la UE. Además, ha negado cualquier “cesión” a EH Bildu y ha subrayado que la reforma afecta a todos los presos, no solo a los de ETA.
¿Cuál ha sido la respuesta de la parte socialista del Gobierno y del Ministerio de Justicia?
El Gobierno ha defendido que no tuvo un papel activo en la enmienda, ya que esta fue introducida en el Congreso por Sumar. Félix Bolaños, ministro de Justicia, aseguró que la tramitación fue “pacífica y unánime”. Además, desde el Ministerio de Justicia se sostiene que la nueva normativa no contradice las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), aunque hasta ahora había avalado la práctica de no acumular penas extranjeras en España.
¿Qué puede hacer el Senado para frenar la ley?
El Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha retrasado la votación una semana, pero no podrá bloquear la ley. Según fuentes consultadas por elDiario.es, la ley será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sin cambios, ya que ningún partido en el Senado ha planteado enmiendas y la Constitución no permite que la Cámara Alta bloquee leyes aprobadas por el Congreso, salvo en casos excepcionales.
¿Qué impacto tendrá esta norma a largo plazo?
El principal efecto será que los condenados en la UE podrán sumar sus penas cumplidas en el extranjero al cómputo máximo permitido por la legislación española. Esto podría llevar a la excarcelación anticipada de algunos presos, pero también se alinea con la normativa europea, que busca una mayor armonización de las penas entre los Estados miembros.