El Gobierno otorgará el próximo 31 de octubre a los descendientes del escritor una declaración de reconocimiento y reparación en la que se detallará que su condena a pena de muerte «por adhesión a la rebelión» es nula en virtud de la Ley de Memoria Democrática
El Supremo rechaza el derecho al olvido de un alférez que participó en el proceso que condenó a muerte a Miguel Hernández
“Josefina, la fiebre se va poco a poco y estoy mejor. Manda hoy mismo otra caja de inyecciones BISEPTISEN. No eches nada a la sustancia. El primer día me gustó, solo que estaba muy espesa. Da besos a Manolillo. Miguel”. En un trozo de papel higiénico al que le falta una esquina, en lápiz y sin fecha, escribió Miguel Hernández por última vez a su mujer Josefina Manresa y su hijo, que entonces tenía tres años y había nacido estando él encerrado en la cárcel de Alicante. Había sido condenado a prisión por defender ideas republicanas y allí moriría en la madrugada del 28 de marzo de 1942 de una tuberculosis. En su tumba, donde sus restos reposan con los de su esposa y su hijo, la piedra reza: Miguel Hernández. Poeta.
Dos fueron los que se instruyeron de forma simultánea contra él tras ser detenido en abril de 1939, recién finalizada la Guerra Civil. El primero, el 21001, seguido en Madrid, fue el que acabó en condena: “Fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado Miguel Hernández Gilabert, como autor de un delito de adhesión a la rebelión, a la pena de muerte”, dictó el consejo de guerra. El castigo sería conmutado después por 30 años de cárcel que nunca llegaría a cumplir. El segundo sumario, el 4407, fue abierto en Orihuela, su ciudad natal, pero no se cerró hasta que un funcionario avisó de que el encausado ya había fallecido hacía meses.