El Plan Fiscal y Estructural enviado este martes a la Comisión Europea se compromete a «promover la convergencia» de la recaudación de impuestos a la media de la UE
El Gobierno se compromete a rebajar la deuda pública por debajo del 100% del PIB al final de la legislatura
El Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a realizar una reforma fiscal (de los impuestos) “adicional” para reducir el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos) en tres décimas de PIB (unos 6.000 millones) en los próximos años.
Este objetivo está incluido en el Plan Fiscal y Estructural que el Ejecutivo de coalición ha enviado a Bruselas este martes, y que es la primera exigencia importante de las nuevas reglas fiscales europeas, reactivadas este 2024 tras ser suspendidas en 2020 por la pandemia. Más concretamente, este documento incorpora “una reforma fiscal”, con “medidas nuevas” —según aclaran desde el Ministerio de Economía—, que servirán para rebajar el déficit público en tres décimas en un horizonte que se alarga siete años, de 2025 a 2031.
Para entonces, según los cálculos del propio Plan Fiscal y Estructural, el PIB nominal alcanzará los 2 billones de euros, el déficit se habrá reducido al 0,8% del PIB —desde el 3% de este 2024— y la deuda pública al 90,6% del PIB —desde el 105% actual— gracias a la contención del crecimiento del gasto público, a diversas medidas y reformas (la mayoría ya puestas en marcha y relacionadas con el Plan de Recuperación) y, sobre todo, al crecimiento económico y a la creación de puestos de trabajo.
En la misma línea de la “reforma fiscal adicional”, este documento incluye el objetivo de “promover la convergencia” de la recaudación de impuestos de nuestro país a la media de la UE. Es decir, el compromiso de elevar la contribución fiscal respecto al PIB, que se sitúa en el 36,8% a cierre de 2023, cerca de cuatro puntos por debajo del promedio europeo.
Este Plan Fiscal y Estructural es “un paraguas” para la elaboración de los Presupuestos anuales por parte del Gobierno sobre el que la Comisión Europea se tendrá que pronunciar a finales de noviembre, según han confirmado fuentes del Ministerio de Economía.
Las medidas concretas que se desplegarán para cumplir con este “paraguas” de medio plazo —un concepto en el que han incidido desde Economía— se desarrollarán en los Planes Presupuestarios de cada ejercicio, que también tienen que ser aprobados por la Comisión Europea.
En estos momentos, el Gobierno está negociando los Presupuestos Generales de Estados (PGE) de 2025. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este mismo martes, el encargado de la cartera de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado la transformación en impuestos permanentes de los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas es parte de esa “reforma fiscal” que está reflejada en el documento remitido a Bruselas.
Eso sí, por ahora, el Gobierno no ha podido aprobar ni la senda de déficit de los PGE de 2025, tras romper Junts el bloque de la investidura en la Cámara Baja en julio. Un tropiezo parlamentario que no ha impedido la elaboración del Plan Fiscal y Estructural enviado a la Comisión Europea, pero que sí hace peligrar los Presupuestos, después de que ya fueran prorrogados este año los de 2023.
El documento que evaluará la Comisión Europea durante las próximas seis semanas no detalla nada más de “la reforma fiscal” adicional, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en su discurso de inicio de curso (a principios de septiembre) su intención de elevar los impuestos a los más ricos.
La mayoría de expertos considera que una reforma fiscal es imprescindible. Sobre todo, como paso previo necesario si se pretende abordar también una reforma de la financiación autonómica, según se desprende del acuerdo entre el PSC y ERC sobre la “singularidad de Catalunya” que permitió investir a Salvador Illa como president de la Generalitat, y que se podría extender a todo el Estado.
Por otra parte, la oportunidad se muestra irrenunciable para “mejorar la suficiencia del sistema fiscal y para cumplir con los compromisos de la Unión Europea (UE) [de reducción de los desequilibrios presupuestarios y la deuda pública] sin perder el tren del progreso, en plena transición verde y digital, que necesitan de inversión”, según comentó recientemente a elDiario.es Carlos Martín Urriza, portavoz de Economía y Hacienda del grupo parlamentario Sumar en el Congreso de los Diputados. Este jueves, el socio del PSOE en el Gobierno de coalición ha convocado una jornada en la Cámara Baja titulada: “La reforma fiscal pendiente. Redistribución, justicia social y progreso”.
El Plan Fiscal y Estructural sí que tiene en cuenta, como medida ya tomada, el tipo mínimo del 15% a las multinacionales, que es la trasposición de una directiva europea y que está desarrollándose en el Congreso. Desde el Ministerio de Hacienda defienden que los gobiernos de coalición ya han realizado otros cambios importantes “siguiendo la premisa de que quien más tiene más debe contribuir”. Según enumeran: “El impuesto de solidaridad de las grandes fortunas y la subida del IRPF para las rentas más altas, como son las superiores a 300.000 euros. A eso se suman otras medidas como la creación del impuesto sobre determinados servicios digitales o el impuesto a las transacciones financieras”.
Las nuevas reglas fiscales de la UE
Las nuevas reglas fiscales de la UE se centran en los límites al gasto público como la manera de ir reduciendo los desequilibrios (el déficit y la deuda) y recuperando “el espacio fiscal” por si es necesario reaccionar a otra crisis o shock. La gran ventaja de España es el ritmo de avance del PIB por encima del 2% en los próximos años (2,7% en 2024, 2,4% en 2025 y 2,2% en 2026).
Esa regla de gasto proyecta un tope a su aumento del 3% de media de 2025 a 2031. En 2025, este límite al gasto público se queda en el 3,7%. En 2026, en el 3,5%. Y en 2027, en el 3,2%. La Comisión Europea debe aprobar estos objetivos. Mientras, según el ministro Cuerpo, estas cifras concuerdan con la senda de déficit rechazada en julio por el Congreso, que contempla un déficit público del 2,5% del PIB en 2025. Por otro lado, fuentes del Ministerio de Economía han admitido que si se abordaran “medidas de ingresos estructurales [no contempladas], el gasto podría crecer más”.
“No son recortes”
Cuerpo enfatizó este martes que los nuevos límites no son “recortes”, sino que “el gasto público neto” [que excluye partidas como el gasto en intereses y tiene en cuenta medidas de ingresos] va a poder crecer en el periodo 2025-2028 del Plan Fiscal y Estructural más que en el periodo entre 2015 y 2018. Exactamente, “la evolución comparada de la misma variable, en estos dos periodos, muestra un promedio del 3,4% en los próximos cuatros años, frente a un 2,5%”.
Casi un punto menos, “que se traduce directamente en que con las nuevas reglas fiscales se puede gastar más al año 6.000 millones de euros respecto al incremento del gasto público neto en el periodo entre 2015 y 2018”, según incidió el ministro de Economía. “España tiene un nivel de credibilidad muy alto. Estamos en el grupo de buenos alumnos”, añadió en la rueda de prensa.