El simbólico espacio en el casco antiguo del municipio será trasladado a una zona que no conviene a los vecinos ni a la oposición. La duquesa que es propietaria del terreno quiso venderlo al Ayuntamiento por dos millones, pero la tasación dijo que no costaba más de 140.000 euros
Toboganes y columpios desmontados se confunden con tractores en lo que ahora es el cadáver del parque infantil del Duque del Infantado o de La Boni, como le dicen los vecinos. El espacio de casi 3.000 metros cuadrados, ubicado en el casco antiguo de Manzanares el Real, ha visto crecer durante 50 años a varias generaciones de manzanareños, pero desde el lunes ha vuelto a manos privadas. La duquesa Almudena Arteaga, heredera del aristócrata que cedió el terreno en 1975 y escritora de éxito, ha triunfado en su disputa por desalojar un terreno símbolo del municipio, a escasos metros del Castillo de los Mendoza.
“Se sobrepone el interés de una familia, que no tiene ninguna necesidad porque le sobra patrimonio, al de cientos de familias trabajadoras que sí tienen la necesidad de un espacio verde donde sus hijos puedan jugar al salir del colegio”, dice la vecina Vera Aguado, cuando pasa por el recinto en el que niños han colgado carteles como “queremos seguir jugando”. “Esto es un ultraje, pero la culpa es también del Ayuntamiento, que no lo ha sabido evitar. Mal en prevención”, se queja otro morador. Pero para el alcalde José Luis Labrador (PSOE), el desmantelamiento era inevitable: “Teníamos que acatar la sentencia de un tribunal”, dice a este medio.
Labrador es uno de los al menos tres alcaldes que han negociado con Arteaga por la propiedad, concebida originalmente para actividad agraria. Después de que el contrato de cesión finalizara, la duquesa ofertó el terreno al consistorio por un valor aproximado de 2.000.000 de euros. “Como administración pública solicité informes técnicos y el informe arrojó un precio en torno a los 140.000 euros. Ahí ya no hubo ningún punto de entendimiento porque ella entiende que el terreno tiene una calificación urbanística y los técnicos municipales dicen que no, que las normas subsidiarias establecen que ese terreno forma parte de un polígono agropecuario y el valor de mercado es inferior”.
Al no llegar a un punto en común, las dos partes iniciaron por su lado dos procedimientos judiciales: la duquesa empezó un procedimiento de desahucio y el Ayuntamiento, uno de expropiación urgente. El Tribunal de Expropiaciones fijó un justiprecio provisional de 1.200.000 euros, pero la propietaria no estaba de acuerdo e interpuso un recurso. “El propio tribunal nos instó a que iniciáramos de nuevo el procedimiento como ordinario en vez de urgencia (privación forzada por utilidad pública o interés social). Nos entorpeció el proceso porque es un trámite que puede llevar dos o tres años. Mientras, el proceso de desalojamiento finalizó y nos comunicaron que teníamos que desalojar”, cuenta Labrador. Una propuesta in extremis del municipio fue lanzar una oferta de alquiler, pero Arteaga pedía 7.000 euros al mes; “inviable” para la administración pública.
La única alternativa real es el traslado del parque, “a 50 metros de donde estaba y en un espacio aún mayor”, dicen desde el consistorio. Desde Más Madrid, con el que el PSOE formó gobierno junto a Podemos tras las elecciones de 2023, para luego romper relaciones con sus socios el pasado julio, piden que la mudanza se haga con transparencia, un valor que creen no ha caracterizado las negociaciones con Arteaga. “Desde Más Madrid no vamos a juzgar decisiones buenas o malas, depende de las circunstancias, pero una cosa no quita la otra. Se pueden transmitir cosas complejas al pueblo. Le pediremos al alcalde que nos enseñe el proyecto que tiene para el traslado. La parcela donde piensa mover el parque estaba destinada para otros fines, para un parking público. Además, hay que cruzar una carretera. Nos merecemos un poco más de transparencia”, dice a elDiario.es la concejala de Más Madrid en Manzanares el Real, Silvia Masía.
Foto cedida por los vecinos de Manzanares el Real.
Labrador, alcalde desde 2019, que afronta su segundo mandato, asegura que mantuvo informada a la población sobre la situación. “Llevamos informando periódicamente de esta circunstancia desde hace más de cuatro años, tanto en los plenos como en las redes sociales. A los partidos políticos que conforman la gobernación y a la población. Nadie puede decir que no estaba informado”. Algunos vecinos tampoco reciben con alegría el que sería el nuevo emplazamiento de la zona de recreo infantil: “Trasladar el parque histórico del espacio peatonal del centro urbano a un erial al fondo de un aparcamiento, más allá de la avenida de Madrid, no es ni media solución provisional. Y encima costará otro dineral”, protesta en redes Juan José Iturriaga.
Y es que para los habitantes de Manzanares el Real ese espacio de pasto y arena, rodeado por muros de piedra tosca, es un pequeño pulmón en el centro de la ciudad. Un emblema que refuerza su aire de encanto medieval, en el que al final de la tarde se encuentran niños con sus padres y ancianos. Es también un pequeño ecosistema donde han crecido árboles centenarios y plantas de diferentes orígenes internacionales, en el que anidan cigüeñas, golondrinas y herrerillos.
La condesa y la administración pública mantienen en paralelo otro litigio, el del medieval Castillo de los Mendoza. El coloso, representante del gótico tardío y de la arquitectura militar castellana, es gestionado por la Comunidad de Madrid mediante un arrendamiento para su uso y gestión pública, que vence el 5 de enero de 2025, y Arteaga ya adelantó que no piensa renovar el contrato. Labrador opina al respecto: “Lo que más nos preocupa es el impacto que pueda tener una gestión privada en el turismo y, por tanto, en el comercio local. Me contaron que su intención era llevar una administración similar a la que se está llevando, y no pasará nada que pueda perjudicar a la Comunidad. Espero que se mantenga”.