La pieza separada abierta a instancias de PSOE y Más Madrid para analizar su relación con el Grupo Quirón rebasa el doble fraude fiscal que Alberto González Amador estaba dispuesto a admitir, a cambio de pagar medio millón y ser condenado a una pena testimonial de prisión
La jueza del caso de la pareja de Ayuso abre una pieza separada para investigar su relación con Quirón
La decisión de la jueza de ampliar la investigación contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, deja en el aire el que, hasta ahora, era el desenlace más previsible del caso: un pacto con la Fiscalía y con Hacienda para reconocer su fraude fiscal, pagar medio millón de euros y evitar la entrada en la cárcel. La nueva pieza separada no se cruza, sobre el papel, con la ramificación principal del caso y técnicamente no hay impedimentos para llegar a un acuerdo. Pero está por ver si su defensa está dispuesta a sentarse a la mesa con las acusaciones después de que la instructora haya decidido analizar si, además de defraudar al fisco, incurrió en delitos de corrupción en su relación comercial con el Grupo Quirón.
La Fiscalía denunció a Alberto González Amador en los juzgados de Madrid, tal y como reveló elDiario.es, bajo una acusación: defraudar más de 350.000 euros entre 2020 y 2021 usando un entramado de facturas falsas. El empresario ganó varios millones de euros salidos de comisiones en compraventa de material sanitario en los primeros meses de pandemia y buscó pagar de menos en el Impuesto de Sociedades de su empresa, Maxwell Cremona, imputando gastos de cientos de miles de euros por trabajos que nunca existieron, pero que le beneficiaron fiscalmente.
Durante los primeros meses de investigación, la representación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso intentó combatir las acusaciones de Hacienda y defendió que los trabajos eran reales, aportando facturas y explicaciones sobre sus intentos de negocio en México y Costa de Marfil. Pero la estrategia fue virando, poco a poco, hacia el reconocimiento de los hechos y la estrategia del control de daños. Primero, retirando algunas facturas con las que había intentado pagar menos impuestos; y, un mes antes de ser denunciado, ofreciendo un pacto a la Fiscalía. En ese acuerdo, se mostraba dispuesto a aceptar ocho meses de prisión y más de medio millón de euros en deudas, multas e intereses a cambio de no pisar la cárcel y cerrar el caso con una sentencia de conformidad.
“Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, dijo su abogado en un correo dirigido al fiscal que le investigaba, Julián Salto. En ese momento González Amador estaba dispuesto a asumir sus dos delitos fiscales y, con el paso de los meses y la investigación, abarcó también la falsedad documental que se le atribuía en concurso por las facturas irreales. Como le dijo el propio fiscal en un correo una vez denunciado, ese pacto era posible aunque el resto de acusados no quisiera llegar a un acuerdo.
La investigación de Hacienda asumida por la Fiscalía fue tan exhaustiva que las diligencias abiertas en un juzgado de Madrid apenas pasaron de pedir toda la documentación al fisco y llamar a declarar al propio González Amador y sus supuestos socios. Sin éxito porque, hasta la fecha, ni la pareja de Díaz Ayuso ni el resto de imputados han comparecido ante la jueza. Su primera declaración estaba prevista para el 20 de mayo, pero ese día el empresario, después de evitar a la prensa usando una peluca, volvió a casa sin comparecer porque no había sido posible localizar a algunos acusados. Su segunda comparecencia, ya a finales de junio, también fue aplazada y el comisionista ni siquiera llegó a entrar en la Plaza de Castilla.
En ambas ocasiones el posible pacto con la Fiscalía siguió siendo el auténtico protagonista, tema de conversación en el pasillo del juzgado y ante la propia jueza. El día de su segunda declaración, de hecho, el objetivo era firmar ese pacto y sellar su condena de conformidad, motivo por el cual esperó a sus abogados en un hotel cercano. Pero esa operación quedó abortada cuando las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid interpusieron un escrito solicitando que la causa se ampliara. Y que no se quedara en el doble fraude fiscal, sino que estudiara su relación con el Grupo Quirón, el gigante sanitario que ejerce como adjudicatario preferente de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso.
Del fraude fiscal a la corrupción
La petición de los partidos políticos iba mucho más allá del fraude fiscal que González Amador había reconocido por escrito. Pidieron a la jueza que investigara los vínculos entre el empresario y el Grupo Quirón que, tal y como reveló elDiario.es, no se limita a trabajos y facturas que suman cientos de miles de euros. Incluye relaciones económicas directas con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Por ejemplo, en la compra de una sociedad de la esposa de este por casi medio millón de euros. Poco antes había ganado casi dos millones en comisiones por vender mascarillas a una empresa, a su vez, vinculada a Camino. Este empresario es una figura clave en su ascenso profesional ligado a Quirón.
PSOE y Más Madrid denunciaron, entre otras cosas, que algunas de estas operativas respondían a una estrategia para que Camino cobrara una comisión salida de estas operaciones de compraventa de mascarillas y pidieron a la jueza que recabase las comunicaciones de González Amador con Quirón. La primera respuesta de la magistrada fue negativa. Pero esta semana, en un movimiento poco habitual, la propia jueza ha estimado un recurso contra una decisión que ella misma había tomado y ha abierto una pieza separada para analizar estas acusaciones por, entre otros, delitos de corrupción en los negocios.
Se trata de una pieza separada desgajada del caso principal de fraude fiscal y eso, sobre el papel, no impide que González Amador firme igualmente el pacto que lleva meses negociando con la Fiscalía por sus 350.000 euros pagados de menos en el Impuesto de Sociedades. Antes del verano, la Fiscalía se opuso a que se investigara esta derivada del caso. Pero el escenario afecta a la estrategia del empresario, que desde el principio ha intentado que la causa dure lo menos posible para sortear una inevitable exposición pública.
González Amador se puede permitir aceptar unos cuantos meses de cárcel porque, al carecer de antecedentes penales y tener intención de pagar hasta el último céntimo de su condena económica, no corre peligro de tener que entrar en prisión. Pero una primera condena de cárcel, a la expectativa de una segunda investigación, puede abrir la puerta a un cumplimiento obligatorio de la condena. Por ejemplo, si la primera se suspendió a condición de no volver a delinquir o si los antecedentes se consideran computables.
Las próximas semanas serán, por tanto, claves para saber si la defensa de González Amador sigue adelante con el pacto en la causa principal por fraude fiscal o si enfría estas negociaciones con la Fiscalía, a la espera de ver cómo avanza la segunda ramificación del caso. Todo ello, mientras una segunda querella avanza mucho más rápido que la original: la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos tras una querella presentada por el empresario. El Supremo anunció la apertura de unas diligencias que también pueden suponer una herramienta para que la defensa de González Amador cuestione las acusaciones contra él, aunque por el momento no haya explorado esa vía.