El juez investiga una querella contra el ex número dos andaluz de Salud que dio a dedo 44 millones a la clínica que lo fichó

La Fiscalía Anticorrupción investiga una denuncia del PSOE que apunta a un delito de prevaricación, malversación, falsedad documental y organización criminal en el Gobierno de Moreno por adjudicar a dedo casi 300 millones a clínicas privadas tras la pandemia usando una ley ya derogada

La entrada de Anticorrupción en el caso de los contratos a dedo aboca al Gobierno andaluz a personarse en la causa

La denuncia del PSOE por los contratos a dedo del Gobierno andaluz con clínicas privadas incluye hasta cuatro delitos de corrupción que los socialistas imputan a altos cargos y exaltos cargos de la Consejería de Salud: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y organización criminal, este último castigado con hasta ocho años de cárcel.

La querella de los socialistas señala directamente a dos directivos concretos, el de Miguel Ángel Guzmán, gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre noviembre de 2019 y julio de 2022; y su sustituto, Diego Vargas, que ocupó este puesto hasta diciembre de 2023. La acusacióin popular pide que se les cite como investigados, junto a funcionarios, interventores del SAS y los autores de los informes jurídicos que avalaron estos contratos.