El juez que investiga prevaricación contra el Servicio Andaluz de Salud por adjudicar a dedo 300 millones entre 2021 y 2023 usando una ley derogada en pandemia ha imputado a la actual gerente, que entre enero y julio de este año volvió a firmar otras nueve ampliaciones de gasto por valor de 28 millones de euros para las mismas clínicas privadas
El juez cita como investigada a la actual gerente de la sanidad andaluza y a sus dos antecesores por los contratos a dedo
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) reactivó el pasado enero los contratos de emergencia (a dedo) con clínicas privadas que investiga un juez por un posible delito de prevaricación, al estar amparados en una ley habilitada en pandemia que ya estaba derogada. Diez meses antes, el portavoz de la Junta de Andalucía había anunciado en la sede del Gobierno la cancelación de ese tipo de contratos.
Entre enero y julio de este mismo año, el SAS ha vuelto a adjudicar a dedo más de 28 millones de euros a diez hospitales privados firmando hasta nueve adendas (ampliaciones de gasto) de un mismo expediente administrativo de emergencia, fechado el 20 de enero de 2021, y que constituye el epicentro de la causa judicial contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno.