Madrid, 3 dic (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción cree que hay “suficientes” indicios de que Luis Pérez, Alvise, pudo cometer un delito de financiación irregular, no solo por obtener presuntamente 100.000 euros de un empresario para su campaña, sino también por las “sucesivas donaciones anónimas” de las que se desconoce su origen.
Así lo explica el ministerio público en el informe en el que solicita a la Audiencia Nacional que envíe al Tribunal Supremo la investigación sobre el eurodiputado y el empresario que afirma haberle pagado dinero para su campaña, dada la condición de aforado del líder de Se Acabó la Fiesta.
Por el momento, el juez ha pedido al Parlamento Europeo acreditar du condición de eurodiputado, como paso previo a decidir si envía la causa al alto tribunal.
La fiscal explica que para incurrir en un delito de financiación irregular de partidos “no hace falta la aceptación” del dinero o trámite alguno añadido, sino solo la entrega del donativo en cuestión.
Considera que en este caso, “se habría podido cometer” dicho delito “no solo a través de la entrega de 100.000 euros en efectivo, sino a través de la recepción de sucesivas donaciones anónimas, de las que se desconoce su origen, si proceden de personas físicas o jurídicas, llevadas a cabo en las ‘wallets’ creadas al efecto y con ese propósito”.
El juez Calama admitió a trámite la denuncia contra Alvise del empresario Álvaro Romillo, investigado a su vez por una presunta estafa piramidal de la plataforma de inversión Madeira Invest, y ofreció declarar al eurodiputado.
Tras negarse este y tras recabar la declaración del empresario, que ratificó su denuncia, la Fiscalía cree que es el momento de remitir el caso al Supremo, que es el competente para seguir investigando.
Es este tribunal, dice la fiscal, quien debe practicar las diligencias necesarias para avanzar en el caso, y cita varias: escrutar el tráfico de ‘wallets“ (cartera virtual) ”donde se hicieron las aportaciones anónimas para sostener su campaña electoral“, recabar los justificantes de pago y la entrega de la información económica de su partido o investigar sus cuentas bancarias y la de la formación.
Entre las donaciones que serían constitutivas de delito en el Código Penal, explica Anticorrupción, figuran las anónimas, finalistas o revocables o las que proceden de una misma persona y son superiores a 50.000 euros anuales, entre otras.
En su informe, la fiscal recoge la declaración del empresario Álvaro Romillo ante el juez, en la que insistió en que los mensajes de móvil que ha aportado atestiguan que las cantidades abonadas iban destinadas a financiar la campaña electoral de Alvise para los comicios europeos.
Lo que ambos buscaban, prosigue, “era realizar las operaciones en metálico o moneda crypto para evitar que se conociera el origen del dinero, la identidad de los donantes, el control del Tribunal de Cuentas y los límites impuestos por la Ley de Financiación de Partidos Políticos”.
Esos mensajes, según la fiscal, ponen de manifiesto que Pérez solicitó a Romillo su colaboración para crear una ‘wallet’ “donde éste pudiera recibir (fuera de los controles financieros habituales) donaciones anónimas, encriptadas e irrastreables para sostener los gastos de su campaña electoral”.
Todo ello con la finalidad de recibir aportaciones “de las que no tuviera que responder ante el Tribunal de Cuentas” y que le permitiera contar con dinero en efectivo para estos y otros gastos derivados de sus actividades, “fundamentalmente dirigidas a lograr un escaño en el Parlamento Europeo”, añade el informe.
A cambio, se pensó que Alvise podría publicitar en distintos foros la plataforma bancaria de Romillo (Sentinel, que está fuera del sistema bancario tradicional) para lograr nuevos inversores a los que el empresario “venía cobrando un 10 % de la inversión, que podría compartir” con el eurodiputado “si la colaboración resultaba eficaz y llegaban un acuerdo en tal sentido”.
La Fiscalía recuerda que en su declaración ante el juez, Álvaro Romillo, concretó las cantidades entregadas y las operaciones financieras llevadas a cabo en tres tiempos.
Dijo que primero dieron 10.000 euros en efectivo a Pérez para que los devolviera cuando fuera posible, ante su intento fallido de ingresar dicha cantidad en criptomonedas en Sentinel; en una segunda fase, “le crearon” tres carteras virtuales “donde se fueron haciendo las aportaciones de terceros” en criptomoneda “para financiar anónimamente la campaña electoral de SALF”.
Se alcanzaron así otros 10.000 euros, que poco antes del 13 de septiembre “se transfirieron a la cuenta de Sentinel” para recuperarlos, sin avisar a Pérez, y en último lugar, relata la Fiscalía, “le hicieron la donación en efectivo de los 100.000 euros que fueron entregados el 27 de mayo de 2024” para “sostener su campaña electoral”.