El Gobierno de Ayuso tarda tres años en culminar una estabilización del personal interino que obliga a recolocar las plantillas y lamina los proyectos educativos. Profesionales y familias reclaman que se espere al verano para la reorganización
Ayuso culmina con la universidad cinco años de políticas contra la educación pública
La confianza con los niños se trabaja, y más si son autistas, como bien sabe Susana, una integradora social de un colegio público especializado del distrito de Tetuán. Tras ocho años atendiendo a tres alumnos que llegaron al centro con tres años, hoy los considera “casi como de la familia”, explica. Por eso lamenta tener que decirles adiós apresuradamente, sabiendo que por su condición no llevan bien los cambios. Como miles de empleados de los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid, Susana (nombre ficticio) cesará en su puesto entre el 15 y el 31 de diciembre tras completarse sobre la bocina los concursos de traslado y de estabilización del personal educativo del Gobierno regional del PP. La tardanza está obligando a una reorganización exprés de las plantillas que amenaza con dejar a los centros en cuadro durante el arranque del año, para alarma de los profesionales y las familias.
Educadores infantiles, integradores sociales, técnicos especialistas III (los antiguos auxiliares técnicos educativos), fisioterapeutas, enfermeras, auxiliares de control y de servicios, entre otras categorías profesionales, han arrastrado una situación de interinidad durante décadas, común a la contratación pública en España, que la Unión Europea censuró reiteradamente. Con idea de poner orden, las Cortes Generales aprobaron a finales de 2021 una ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público. Las administraciones debían aplicarlas según sus propios tiempos y procesos, siempre que se completasen antes de terminar 2024. Pero la noción de urgencia se diluyó en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que no ha culminado los procesos hasta el último momento, y además “tarde y mal”, según explica Alfonso Muñoz, secretario de personal de Administración y servicios de la Federación de Enseñanza de Madrid de CCOO, que cita varias irregularidades. Por ejemplo, que un profesional con 17 años de experiencia reciba cero puntos en el baremo de experiencia por un error en el de la Consejería de Hacienda.