El juez de la trama eólica rechaza que el ex alto cargo de Economía, Alberto Esgueva y el empresario Germán Martín Giraldo declaren después de los testigos y peritos, pero lo estudiará si lo solicitan los 17 investigados
Guía – La ‘trama eólica’ de Castilla y León: 75 millones que se repartieron empresarios y antiguos cargos de la Junta
Todavía no hay fecha para el juicio por las mordidas que se repartieron empresarios y antiguos cargos de la Junta de Castilla y León entre los años 2000 y 2015 y que se cifra en unos 75 millones de euros, el mayor caso de corrupción de la comunidad autónoma. El juez no ha aceptado las pruebas ni testimonios solicitados exclusivamente por el exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado —a quien Fiscalía pide 42 años de cárcel y 239 millones de multa solo por este caso—, entre los que se incluyen el expresidente autonómico, del PP, y ex altos cargos del gobierno.
El expresidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera no testificará en el juicio de la ‘trama eólica’, al igual que otros excargos y actuales trabajadores de la Junta de Castilla y León como la exconsejera de Hacienda y exdelegada regional de la Agencia Tributaria, Pilar del Olmo; el que fuera asesor de la exviceconsejera de Economía; la exjefa del Gabinete de Tomás Villanueva durante más de cinco años en su etapa como consejero de Economía; y el actual Jefe del Servicio Territorial de Industria de León.
Tampoco testificará el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, otra de las peticiones formuladas por el abogado de Rafael Delgado, con lo que pretendía “explicar sus relaciones” con Tomás Villanueva y Juan Vicente Herrera “y el objetivo de Iberdrola de participar mayoritariamente en las Promociones eólicas de la Comunidad de Castilla y León, dando participación a empresarios locales, a los que posteriormente compró sus participaciones sociales”. Tres directivos de Ibedrola serán procesados e Iberdrola Castilla y León está, de hecho, encausada como responsable civil, junto al gobierno autonómico y otras ocho empresas.
Los jueces que llevan el caso no lo ven “pertinente” ni “útil” para “el conocimiento y resolución” de la causa judicial. A ojos del magistrado de la Sección 4 de la Audiencia Provincial, la citación de estos testigos “no tiene relación” con el objeto del enjuiciamiento y, por lo tanto, rechaza esta petición. Así lo refleja el auto de admisión o rechazo de pruebas, al que ha accedido elDiario.es y que adelantó El Mundo de Castilla y León. Contra estas decisiones no cabe recurso en el que es el mayor caso de corrupción de Castilla y León, con una investigación judicial con más de 11.000 folios y que se dilató durante varios años: la instrucción comenzó en 2017 y todavía no hay fecha fijada para el juicio oral.
Juan Vicente Herrera ya tuvo que testificar en el caso de Perla Negra que investiga el sobrecoste millonario de un edificio de la Consejería de Economía conocido como Perla Negra. El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León aseguró ante el juez que se enteró de que se estaba construyendo el edificio tres años más tarde de que comenzaran los trámites, cuando Pablo Trillo, entonces consejero de Gesturcal, le trasladó sus “inquietudes” por un precio “excesivo”. Así lo dijo en una declaración en la que se intentó prohibir la retransmisión de imágenes de Juan Vicente Herrera en su declaración.
Estos son solo algunos de los veinte testigos que solicitaba el abogado del principal investigado por la trama eólica —y en el caso Perla Negra—. La defensa del que fuera número 2 del fallecido Tomás Villanueva también requería el testimonio de dos altos cargos de Red Eléctrica Española (REE) y el director de Valoriza, testimonios también rechazados.
La defensa de Delgado también solicitó la declaración de ocho empresarios a los que sí se les concedió la autorización pertinente para instalar parques eólicos y que estaban relacionados con Tomás Villanueva con el objetivo de aclarar estos vínculos: Godava/Vapat, Viloria, Gecalsa, Geza, Señalizaciones Villar, Gasindur Distribuciones, Grupo Norte, Avoda Consulting —que pagó al hijo de Tomás Villanueva 6.000 euros al mes en 2013 y cuyo administrador único fue gerente de Prodical, una empresa participada que fue creada por la Junta hace más de 30 años para compartir el riesgo por capital privado en proyectos de alta tecnología—. Por último, Delgado quería también que testificaran dos directores de oficina del Banco Caja 3 y de Barclays.
Rechaza que algunos investigados declaren después de las pruebas
La Audiencia Provincial de Valladolid también ha rechazado que otro de los principales acusado, el ex alto cargo de Economía, Alberto Esgueva —que fue exculpado en el caso Perla Negra y se libró de pagar veinte millones de euros a Hacienda por un error burocrático— y el empresario Germán Martín Giraldo declaren después de los testigos y peritos como habían solicitado. “Debe tenerse en cuenta que en un juicio tan complejo como el que aquí se enjuicia, por razones de organización y de señalamiento, no resulta operativo que unos acusados declaren al comienzo y otros declaren al final del acto del juicio oral, todo ello salvo que todos los acusados soliciten declarar después del resto de la prueba personal, en cuyo caso se lo plantearía el Tribunal”, manifiesta el auto, al que ha tenido acceso este diario.
Sí que se ha admitido que testifique el delegado especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León, pero se ha rechazado el testimonio de un empresario cuya compañía suiza movió dinero de algunos investigados en la trama eólica.
Solicitaron la declaración de un fallecido en 2017
Algunas de las acusaciones particulares reclamaron el testimonio del empresario eólico Eduardo Merigó González, que falleció en 2017 y que ya fue citado en la comisión de investigación de las Cortes de Castilla y León en 2020. También se rechaza el testimonio de un empresario residente en Alemania porque no se ha indicado “la utilidad” del mismo. Los jueces sí que admiten las testificales de trabajadores de PWC, un empresario del sector eólico de León, algunos funcionarios de la Junta de Castilla y León, un cargo de Gamesa que ya testificó en la instrucción del caso.
Dos de los tres jueces de la Audiencia Provincial deben ser sustituidos
Normalmente, después del auto de admisión de pruebas se fija una fecha para iniciar el juicio oral, una situación que no se produce en el caso de la trama eólica por la especial complejidad del asunto, el volumen del mismo, el número de partes y la gran cantidad de pruebas a practicar, así como la disponibilidad de la Sala y juicios ya señalados“. ”En su momento se procederá al señalamiento de la celebración de las sesiones del juicio oral“.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia apuntan lo que esto significa: el juicio no se celebrará a corto plazo, y por varios motivos. Dos de los tres magistrados han tenido que abstenerse en el caso porque han trabajado en la investigación judicial cuando estaba en el Juzgado de Instrucción (Javier de Blas) y durante una baja laboral de este magistrado (Soledad Ortega). De hecho, De Blas ahora es el presidente de la Sección. Por lo tanto, es necesario nombrar a otros dos jueces “de refuerzo” que no hayan estado en contacto con la investigación antes del juicio.
Además, y como señala el auto, la complejidad de la causa debe tenerse en cuenta a la hora de cuadrar agendas con los abogados y la logística del espacio físico necesario para la realización del juicio. Y una cuestión ‘extra’ —según explican desde el TSJ— con la que tiene que lidiar la Sección 4 de la Audiencia Provincial: es la encargada de juzgar la estafa de cuatro millones en el caso de los ataúdes, con una veintena de investigados.
Queda por saber, por lo tanto, cuándo comenzará el juicio de corrupción más importante de Castilla y León, una espera a la que se suma la de la sentencia por el Caso Perla Negra, el otro gran caso de corrupción en la autonomía, que quedó visto para sentencia en mayo de 2024.