El Ejecutivo anuncia un Consejo de Política Fiscal y Financiera extraordinario en el mes de enero para abordar con las comunidades la condonación de la deuda autonómica, propone aumentar la financiación de las plazas universitarias públicas sanitarias y pide cerrar ya el sistema de reparto de menores migrantes
Gobierno y PP reducen a un acuerdo mínimo en vivienda las opciones de la Conferencia de Presidentes
El Gobierno reclama a las Conunidades Autónomas gobernadas por el PP que apliquen los instrumentos que ofrece la Ley de Vivienda para afrontar la crisis del alquiler que ha provocado una ola de protestas de inquilinos en los últimos meses. Según fuentes del Ejecutivo, al inicio de la Conferencia de Presidentes Pedro Sánchez ha trasladado al conjunto de presidentes autonómicos “que hagan uso de la Ley de Vivienda, cuyas herramientas están dando buenos resultados allí donde se aplican y están contribuyendo a reducir el precio de los alquileres”, en referencia a Catalunya.
El Ejecutivo central ha pedido además el apoyo del PP para reformar la Ley del Suelo con el objetivo de acelerar la construcción de viviendas asequibles, así como “adaptar la normativa actual al reto del cambio climático”. Y ha propuesto también blindar “el carácter público y social de las viviendas financiadas con recursos públicos de forma permanente e irreversible, para asegurarnos que el parque público de vivienda asequible siga creciendo y llegue al 20% que tienen los países europeos más avanzados en este tema”.
La vivienda es, de hecho, el punto del orden del día que prioriza Sánchez para la cumbre de Santander, que intentó incluso que fuese monográfica ante la emergencia de la evolución de los precios en España. Las expectativas para alcanzar algo parecido a un consenso, no obstante, eran mínimas al inicio de la reunión y en la Moncloa esperaban un rechazo frontal de los populares como estrategia de oposición de Alberto Núñez Feijóo.
Sánchez urge a un pacto en materia migratoria
El Gobierno también ha exigido a las comunidades autónomas del PP “acordar de una vez una solución compartida al problema del reparto de los menores no acompañados a través de criterios objetivos, apelando a la solidaridad” interterritorial, después del fracaso de las negociaciones a tres bandas entre el PSOE, el PP y el gobierno de Canarias por la negativa de los populares a reformar la ley de extranjería en los términos que plantea el Ejecutivo. Fuentes presentes en la reunión consultadas por elDiario.es descartan cualquier acuerdo en esta materia.
La cita de este viernes, de hecho, viene precedida de ese bloqueo del PP de Feijóo a la reforma de la ley de extranjería para sistematizar la acogida de los menores migrantes que se hacinan en Canarias a la espera de un destino en la Península. El PP delegó la responsabilidad en los barones autonómicos, que exigieron además que la migración fuera uno de los puntos del orden del día de la reunión de este viernes.
Pero el acuerdo no será posible. Y eso que el Gobierno de Canarias (compartido por Coalición Canaria y el PP) ha llegado a la reunión con un acuerdo con el Gobierno de Euskadi bajo el brazo para buscar una solución de urgencia y temporal a la situación de los chavales. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha dicho a la entrada que espera en lograr el compromiso del PP para apoyar la aprobación de este sistema.
Condonación de la deuda autonómica
Uno de los puntos del orden del día señalados en rojo por los presidentes autonómicos del PP tiene que ver con la reforma del sistema de financiación autonómica, con el que los populares han hecho frente común contra el Gobierno en los últimos meses por los compromisos del Ejecutivo con sus socios independentistas catalanes. Y según fuentes gubernamentales también ha movido ficha Pedro Sánchez en este punto al inicio de su intervención en la reunión a puerta cerrada de la Conferencia de Presidentes.
Según esas fuentes, el Gobierno convocará el próximo mes de enero a todas las comunidades para negociar la asunción de la deuda autonómica. La encargada de negociar será la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Sánchez aborda así una de las cuestiones fundamentales del acuerdo de investidura que permitió a Salvador Illa ser elegido presidente de la Generalitat catalana. La condonación de la deuda de Catalunya provocó una tormenta política y las críticas del PP, pero el Gobierno se comprometió a replicar en el resto de regiones lo acordado con la Generalitat.
Así, el Gobierno propone que el CPFF permita alcanzar “entre todos un nuevo modelo de financiación autonómica que concilie la multilateralidad y la bilateralidad, blinde la solidaridad entre territorios, y garantice que todas las comunidades reciban más recursos de los que reciben hoy”. Además, el Ejecutivo pide a las regiones que “reprogramen una parte de los fondos europeos de cohesión FEDER y FSE+ para dar a los territorios afectados por la DANA una línea adicional de ayuda. Esta es una opción que ya contempla la normativa europea y que podría contribuir a reforzar las medidas ya adoptadas por el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat Valenciana para reconstruir y relanzar la economía de los territorios afectados”.
Antes de esa reunión, y junto a la presidenta de Cantabria que ha ejercido de anfitriona, Sánchez ha reivindicado el balance de cuarenta años de estado de las autonomías. “Ha supuesto progreso, solidaridad, equidad y respuestas a la ciudadanía, que supo entender que la democratización de nuestro país estaba unida con el reconocimiento a la diversidad. Y esa unión en la diversidad solo ha hecho traer cosas buenas”, ha asegurado.
El presidente ha calificado la foto de todos los presidentes autonómicos, incluidos el de la Generalitat y el lehendakari, junto al jefe del Estado como “una imagen muy potente que da certidumbres y seguridad a la ciudadanía”. Y ha hecho un llamamiento a estrechar la cooperación entre administraciones en mitad de la batalla política que enfrenta al Gobierno con el PP, que ostenta la mayor parte de ejecutivos autonómicos. “Tenemos que continuar la senda de cooperación y colaboración para dar respuesta y seguridades a los ciudadanos en todo aquello que les afecta”.
Más plazas universitarias públicas sanitarias
En materia sanitaria, el Gobierno se ha comprometido a “consolidar y aumentar la financiación de nuevas plazas para profesiones sanitarias en las universidades públicas, siempre y cuando exista un compromiso firme de las comunidades autónomas para contribuir de forma sostenida a su cofinanciación”.
España ha duplicado los centros que ofrecen el grado de Medicina y otras formaciones sanitarias en poco más de una década. Los ejecutivos autonómicos quieren implantarlos en sus territorios y las privadas ven negocio por la gran demanda. Los responsables públicos advierten de que aumentar la oferta crea disfunciones porque la escasez no se debe tanto a la falta de plazas universitarias sino a las condiciones laborales de los profesionales de la Atención Primaria, por ejemplo.
El Gobierno también ha anunciado que transferirá a las comunidades “223 millones de euros extraordinarios a principios de 2025 para que financien la adopción y desarrollo de nuevas soluciones sanitarias basadas en Inteligencia Artificial. Para mejorar la atención a los pacientes y aprovechar mejor el tiempo de los sanitarios”.