No existen datos oficiales y fiables sobre cuántas casas prefabricadas o móviles existen en España. Los datos de los portales especializados, y empresas del sector insisten en que es un modelo al alza frente al encarecimiento de la vivienda tradicional y los tribunales llevan años trazando líneas rojas para que no permitan la proliferación sin control de estas construcciones. La última sentencia y los jueces han anunciado que todo aquel que quiera vivir en una casa móvil tendrá que pedir una licencia urbanística al ayuntamiento de la localidad, un proceso que puede alargarse varios meses y que introduce limitaciones en la ecuación.