El último Consejo Interterritorial del año vota este lunes el protocolo que marca las «condiciones mínimas» que deben tener los registros de cada comunidad obligatorios por ley desde hace casi dos años
Más del 80% de los abortos siguen realizándose en centros privados pese a que la ley prioriza la red pública
Si nada se tuerce, España tendrá por fin este lunes un protocolo de mínimos para registrar a los médicos que rechazan practicar abortos por razones ideológicas. El proceso ha costado: la reforma de la ley, que incluye esta medida como una manera de evitar que las consejerías de salud u hospitales enteros se escuden en una objeción de conciencia generalizada para no asumir interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en la sanidad pública, se aprobó hace casi dos años.
Durante este tiempo, algunas comunidades como Murcia, Canarias, Cantabria, Catalunya, Castilla-La Mancha o La Rioja han sacado adelante sus propios registros –pueden hacerlo en el ejercicio de sus competencias, según fuentes del Ministerio de Sanidad– o están a punto de hacerlo; otras, como la Comunitat Valenciana, justifican que están esperando a las directrices nacionales; y una minoría, en la que se encuentran Andalucía o , se mostraron en desacuerdo con la existencia misma del registro y todavía no han dado pasos. Mientras,, algo a lo que la reforma de la ley del aborto quería poner fin priorizando la sanidad pública para estos procedimientos.