Ni se recuperó el dinero ni hubo responsables porque los 26 procesados en aquella trama destapada a comienzos de los años 80 echaron la culpa a un muerto: el director de una entidad que acabó disuelta
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Nunca se aclaró a dónde habían ido a parar los 1.345 millones de pesetas (más de seis millones de euros) en préstamos que desaparecieron en la Caja Rural de Cantabria entre 1977 y 1981. Tampoco nadie pagó por ello: ni se devolvió el dinero ni hubo responsables. Los 25 procesados echaron la culpa a un muerto: el propio director de la entidad, Tomás Mier, oportunamente fallecido para los intereses de los acusados seis años antes del juicio.
Una inspección del Banco de España destapó un escándalo mayúsculo en Cantabria en 1981. La entidad tenía unas deudas de 1.345 millones de pesetas incobrables por la ligereza con la que se habían autorizado créditos sin exigir avales. Algunos de ellos, además, a políticos, como los diputados de UCD Justo de las Cuevas y su familia –que recibieron 600 millones de pesetas en préstamos– y Roberto Sáez, un constructor y exdirigente de la CEOE, junto a empresarios locales y hasta dos cooperativas agrarias que nunca existieron, pero, aun así, recibieron 200 millones de pesetas. La Unión Territorial de Cooperativas del Campo (Uteco) también se benefició con 250 millones de pesetas. Su gerente era el propio director de Caja Rural, Tomás Mier. Todos recibieron el dinero, pero no lo fueron devolviendo en cuotas como hubiese correspondido.