El Congreso de los Diputados acepta, tres meses después, la tramitación de una proposición de ley para la regulación de los contratos de alquiler de temporada y por habitaciones, una grieta que había dejado abierta la ley estatal de vivienda y que algunos propietarios utilizaban como subterfugio para saltarse los topes a las subidas que marcaba esa norma. Tras el varapalo que supuso la en septiembre, que previamente había dicho que se abstendría, su visto bueno a los últimos cambios introducidos en el texto da aire a una iniciativa promovida por los movimientos sociales, con el Sindicato de Inquilinas al frente, y que han llevado a la Cámara Baja los grupos parlamentarios de ERC, Bildu, Podemos, BNG y Sumar.