Aunque la no adhesión de estos ayuntamientos al sistema no implica que las mujeres queden desprotegidas, sí afecta a la información que aportan y reciben fuerzas de seguridad y sistema judicial e influye en las valoraciones del riesgo de cada caso
16 grandes ciudades españolas no tienen a su policía local ni a sus servicios municipales incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Cartagena, Albacete, Badajoz, Roquetas de Mar, Telde, Lugo, Cáceres, Toledo, Vélez-Málaga, Arona, Valdemoro, Coslada, Benalmádena, Santa Lucía de Tirajana, todas de más de 50.000 habitantes, no tienen en este momento un convenio firmado y en vigor con el Ministerio de Interior para formar parte de este sistema, que permite coordinar tanto la información sobre víctimas y agresores como la protección de las mujeres en función del nivel de riesgo que presente su caso. En este cálculo no están incluidos los ayuntamientos de Catalunya y Euskadi, que tienen sus propios sistemas de protección, aunque están ultimando con Interior su interconexión con VioGén.
¿Qué implica que un municipio se integre en VioGén? Por un lado, que su policía local asume funciones de protección y seguimiento de casos de violencia de género cuyo nivel de riesgo se haya calificado como medio, bajo o no apreciado y que estén en esa localidad. Pero también que la policía local y los servicios municipales correspondientes de esa ciudad pueden acceder (y contribuir con sus propios informes o apreciaciones) de manera inmediata a toda la información sobre el caso que está recogida en VioGén.
Fuentes de Interior subrayan que en ningún caso las mujeres quedan desprotegidas: en los ayuntamientos sin convenio con VioGén es la Policía Nacional o la Guardia Civil quienes se encargan de la protección y el seguimiento de las víctimas, si bien la incorporación de las fuerzas locales implica disponer de más recursos y poder dividirlos en función del riesgo de cada caso. Sin embargo, no estar adherido al sistema sí perjudica la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad, servicios municipales y sistema judicial. También implica que la información sobre el caso puede ser menos extensa o tardar más en llegar a quien la pide, lo que, a su vez, afecta a las valoraciones del riesgo que se hacen de los casos.