El jurista que pide al rey Felipe VI que renuncie a la inviolabilidad: «Si atropellase a alguien, ni se le podría perseguir»

“Asuma usted una responsabilidad mínima y renuncie a su fuero de protección personal de inviolabilidad”. Como si tuviera enfrente a Felipe VI, el histórico abogado laboralista Ferran Gomila (Maó, 1948) reclama que el monarca abandone el privilegio que le dispensa de rendir cuentas ante la Justicia por cualquier delito. “Si usted va conduciendo su coche por la calle y atropellase a una persona, ni siquiera se le podría perseguir por eso”, continúa. Junto a otros juristas de prestigio de Balears como los exjueces José Castro y Juan Pedro Yllanes, Gomila ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que inste al rey a que durante su discurso de Navidad de este martes anuncie su renuncia a la inviolabilidad.

En una entrevista concedida a elDiario.es, el veterano letrado, quien acumula más de 50 años de ejercicio profesional, asevera que la Transición fue un ejemplo de tránsito de un régimen autoritario a uno democrático, pero con “tres piezas esenciales de un régimen autoritario” que aún permanecen: la Iglesia, el ejército y el rey. “Y el rey es el eje en torno al cual gira la constelación”, subraya. Gomila sostiene que, en la actualidad, el sistema “está en crisis”, al igual que el prestigio de los políticos, que “ha caído en picado gracias a su comportamiento absolutamente desnaturalizado”, con una Justicia en manos, además, de jueces clave de “tendencia conservadora o reaccionaria”. “¿El señor [Juan Carlos] Peinado [que investiga a la esposa de Pedro Sánchez] ha perdido la cabeza? No, no la ha perdido. Al contrario. Está aplicando desde su cabeza convicciones extremadamente reaccionarias usando y abusando de su posición unipersonal como juez de instrucción”, señala.

¿Por qué han elegido este momento para reclamar que el rey renuncie a la inviolabilidad?

Digamos que hay una causa remota y una causa actual. La causa remota es el comportamiento de Juan Carlos I, que ha revelado la forma en que no puede actuar un rey en una democracia. Ni siquiera en un régimen autoritario, porque en los regímenes autoritarios el rey tampoco debe cometer atropellos, crímenes de cualquier naturaleza o actos de intromisión en la vida privada de alguna mujer que genere descendencia, por ejemplo, y que le pueda conducir, como ha ocurrido con Juan Carlos, a una demanda de filiación que ha sido rechazada in limine, es decir, desde un principio por el hecho de que el rey se encuentra en ejercicio. Caso contrario a lo que ocurrió en Bélgica, por ejemplo, en que el rey sufrió un proceso judicial de filiación y se le reconoció a una hija. Por otro lado, la situación más inmediata es que el rey actual ha dicho por activa y por pasiva que no va a haber una reproducción del pasado, que no se van a reproducir comportamientos anteriores. Que la caricatura que fue su padre como rey no la quiere asumir él en su propia persona.

Ferran Gomila, en su despacho

Por consiguiente, nosotros decimos: “Pues muy bien, dado que hay una interpretación feroz a propósito del artículo 56.3 de la Constitución de parte del Consejo de Estado y de parte de todos los juzgados y órdenes jurisdiccionales del país, asuma usted una responsabilidad mínima y es que renuncie a un fuero de protección personal de inviolabilidad en lo que se refiere a su actuación personal como persona física. Si usted va conduciendo su coche por la calle y atropellase a una persona, ni siquiera se le podría perseguir por eso”. El artículo 66.3 de la Constitución también habla de la inviolabilidad de las Cortes, pero no dice a continuación que las Cortes son inviolables ni excluye de responsabilidad a los diputados y senadores. Están sujetos a responsabilidad penal y civil. Es decir, la responsabilidad es una cosa, la inviolabilidad es otra y la responsabilidad patrimonial y personal por la conducta privada es lo que debería alejarse completamente de la función pública. 

Uno de los aspectos a los que aluden en su carta es el hecho de que Felipe VI hiciera referencia a la memoria democrática como “un pasado que no debe repetirse ni como caricatura”.

Me parece de una hipocresía magistral. Es quedar bien sin ningún concepto real de ejecución, porque para quedar bien yo puedo hablar muy bonito, pero lo importante es lo que haga. Los hechos son los que permanecen, las palabras se las lleva el viento, sobre todo en política. Ya sabemos cuánto duran las palabras en política, al cabo de diez minutos se han olvidado, o se han desnortado, o se han revocado. Un hecho, al contrario, no se revoca porque es indeleble. Ahí están las huellas del hecho. Y del crimen. Hay que recordar que la palabra delito viene de residuo, de lo que se hizo. De derelicto, aquello que queda abandonado, pero deja huella de lo que existió, como un pecio en el fondo del mar. Algo que tuvo una entidad y ahora no la tiene más que como residuo o como historia muerta.

El mismo grupo de juristas que ha pedido que el rey renuncie a la inviolabilidad remitió hace casi un año una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le reclaman que se desclasifique toda la información relativa a las encuestas que el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez habría encargado, varios años antes de la aprobación de la Constitución española, para conocer si la opinión pública, en el contexto de la Transición, prefería un Estado monárquico o republicano. Los sondeos daban la victoria a la proclamación de una nueva República en España. ¿Se ha producido algún avance en este sentido?

En España, lo de la desclasificación no tiene términos fijos. Así como en Estados Unidos, por ejemplo, sabes que los papeles que comprometen al Gobierno de hace 50 años aparecerán un día u otro con o sin sangre de por medio, aquí no tenemos esos 50 años. Aquí se desclasifica cuando el Gobierno considera que se ha desvanecido el compromiso que pudiera haber ante agentes exteriores o agentes internos antidemocráticos. Por consiguiente, esa encuesta, que se sabe que existe, no aparecerá jamás. A no ser que haya un cambio de régimen, y ni aún así, porque el nuevo régimen sería peor que el actual. La de la encuesta es una historia que está en lo más oscuro de la trastienda, en el desván de los objetos perdidos que, además, se han perdido de forma deliberada y nadie quiere que se encuentren. No creo que aparezca nunca.

¿Qué pasaría si la encontraran?

Pasaría que, realmente, la monarquía quedaría muy mal sitio. Y la monarquía es una clave del sistema. Es la clave de bóveda del sistema.

¿Cómo se encuentran estos momentos la democracia española?

En un punto crítico, evidentemente. La Transición fue un ejemplo de tránsito de un régimen autoritario a un régimen democrático, pero hay tres piezas esenciales de un régimen autoritario que aún permanecen: la Iglesia, el ejército y el rey. Y el rey es el eje en torno al cual gira la constelación. No olvidemos que el rey fue nombrado por Franco. Y en la actualidad el sistema está en crisis, como todos los regímenes europeos. Basta cruzar los Pirineos y resulta que la V República francesa está cuestionada por la actuación desmedida, caricaturesca, de Emmanuel Macron, que está poniendo en juego incluso el prestigio de la República misma. Por su parte, la crisis italiana es obvia: se quiere reformar la Constitución para trocarla en un casino, en una Constitución fascista adecuada a los tiempos contemporáneos. En Alemania igual: ahora hay un miedo terrible tras el atentado en Magdeburgo y a que en las próximas elecciones el ascenso de la ultraderecha sea tan brutal como inevitable. Y no hablemos del caso inglés con su apartamiento de Europa.

Ferran Gomila: «La crisis de la credibilidad política es extrema porque se ha incidido en una manera de hacer política que es absolutamente denigrante»

Es decir, Europa en su conjunto, los regímenes democráticos clásicos, los pilares de Europa, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, están en crisis y también lo está España. Aquí, la crisis de la credibilidad política es extrema porque se ha incidido en una manera de hacer política que es absolutamente denigrante. Denigra a quien la practica y ofende a quien la ve. Es denigrante para aquellos que la practican y es ofensiva para nosotros, que la estamos examinando cada día. Y esa imagen siempre es agresiva y siempre, en cierto modo, ofensiva.

Además, el prestigio de los políticos ha caído en picado gracias a su comportamiento absolutamente desnaturalizado. El Gobierno también está en crisis, pero más que por razones externas, por razones internas, porque se formó con un pacto de investidura que no es de legislatura ni de actuación política. Por consiguiente, la investidura quiebra porque cojea en el punto de cruce de siempre. Primero, los vascos, que son personas serias, pero de derechas, y después Junts per Catalunya, que no son personas serias y son más de derechas que los vascos. Cada acto parlamentario se pasa de puntillas para llegar al final a un acuerdo in extremis. Y esto es una crisis permanente que un día pasará factura, porque algún día fallará.

Hay que recordar, además, que la reforma de Yolanda Díaz salió a flote porque un individuo del PP -digo individuo porque estos no son ni parlamentarios-, dotado de poder de tocar el botoncito, tocó el botón equivocado [en referencia a Alberto Casero]. Y este es el indicio de cómo una crisis depende de actos incluso banales. El mal también es banal, como dijo la famosa filósofa [en alusión a Hannah Arendt], la banalidad del mal. El mal también es banal. Y el actuar desde el desconocimiento y sin fundamento también es banal. Desgraciadamente, la política española está impregnada de banalidad, de desconocimiento y de necedad. Es un punto de vista muy negativo, ya lo sé, y muy personal, pero así y todo no creo el Gobierno de España esté en peores condiciones que el de Francia, que va a caer otra vez, o el de Italia, que se va a mantener desgraciadamente a base de imponer restricciones a los derechos humanos, o que el de Alemania, en el que vamos a caer en la misma película aproximadamente, o que el de Gran Bretaña, donde el desprestigio del Partido Laborista ha caído en picado en solo tres meses. 

Los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt apuntan en su último libro, La dictadura de la minoría, que en la actualidad una de las principales amenazas son los gobiernos de minoría: por ejemplo, en EEUU, donde las mayorías electorales a menudo son incapaces de llegar al poder y son los votantes reaccionarios, una minoría, los que acaban imponiéndose.

Es una impresión dominante. El neofascismo no va a penetrar en la sociedad, igual que penetraron los fascismos básicos de los años treinta. No habrá un Mussolini que se pasa del socialismo al fascismo a través de una evolución personal y le acompaña un corpus de guardia inalterable, porque, entre otras cosas, liquida a los que se le oponen, igual que Hitler. El corpus sacrosanto de Hitler y de Mussolini se mantuvo durante toda su vida política porque, entre otras cosas, eliminaron a los disidentes. Esto no funciona ya así.

Ferran Gomila: «[El Gobierno] está en una crisis permanente que un día pasará factura, porque algún día fallará»

No se trata de obtener grandes masas que van a acudir a grandes concentraciones. Hoy las masas concentracionarias están en las redes sociales. O sea, en las redes antisociales, que generan dos situaciones: una, un gregarismo extremo en el que la conducta que se sigue es gregaria: “Yo solo conozco aquello que deseo conocer”. Por otro lado, el individualismo extremo, porque siendo seres gregarios son individuos absolutamente narcisistas, absolutamente positivistas, en el sentido de que son avaros de sí mismos. Tienen un derecho a la personalidad que les hemos concedido de un modo quizá gratuito, porque no se lo merecen. Y de ese derecho a la personalidad han hecho un mundo que también se trasluce en el derecho a enriquecerse sin límite y sin pausa. Ese doble juego de una parte, de una ideología gregaria y de otra parte de una ideología ferozmente individualista, es lo que caracteriza un narcisismo social imperante y, por consiguiente, los nuevos fascismos van a penetrar a través de grupúsculos cada vez más grandes que, sin embargo, imponen su voluntad al grupo de la derecha, a su vez adyacente y que cuenta con el poder aparente de los aparatos de Estado. 

En realidad no es más que el trasluz del influjo que tienen los partidos de extrema derecha sobre los partidos dominantes, que tienen la mayoría hasta que se rompe la cuerda. Los partidos extremistas tienen más poder del que realmente representan, como en Balears, donde hemos roto aparentemente y, sin embargo, se están introduciendo cada día en las gestiones de gobierno de la señora Marga Prohens (PP). Son herederos directos y necesarios de las imposiciones de Vox. Porque Vox gobierna en la sombra, es el que se lleva las castañas y el que se lleva la batalla electoral por delante. Por consiguiente, el que va a caer en una pérdida de votos será el PP. Cuando ese partido moderado sufra un castigo electoral, ¿a quién va a votar el elector? Al origen, claro. Y en el origen está la extrema derecha.

La penetración de la extrema derecha, incluso en la Comunidad Europea, es visible. La señora Von der Leyen está reclamando nada más y nada menos que aplicar en toda Europa una política inhumana y extractiva de recursos de los países africanos. Todos queremos prisiones, pero nadie las quiere en su barrio. Estamos creando situaciones aberrantes pretendiendo que en Kenia o en Uganda o en cualquier país de África se creen pequeños Guantánamos. Porque Guantánamo también es un enclave de Estados Unidos en Cuba. Y vamos a mandar allí a los desgraciados de otros países, pero que son de raza negra. Eso sí, para que los tengan en situaciones de oprobio. El auge de las prisiones privadas en Estados Unidos es un signo de los tiempos. Y es una desgracia absoluta porque la gestión privada se gestiona con índices de mercantilismo absoluto. 

Hablando de Balears, el PP ha impedido la derogación de la Ley de memoria democrática por su crisis con Vox.

El PP está en un juego que, desde el punto de vista de una situación a la italiana, como dijo Giulio Andreotti, es de una extrema finezza. Es admirable. El PP practica su política y al mismo tiempo practica la política de Vox, excluyendo la cuestión de la memoria histórica. Vamos a excluirla por ahora, imputando que su política es necesaria frente a la izquierda, porque si no viene Vox a establecer condiciones todavía más drásticas y más draconianas.

Y, a la vez, debe aceptar políticas que la izquierda le consienta y que no son políticas de izquierdas, sino con consentimiento de la izquierda. El PP está en una posición ideal, hace su propia política y chupa de la izquierda el consentimiento, porque si no viene Vox; y chupa de Vox el consentimiento, porque si no viene la izquierda. Y en ese doble juego de amenaza y de chantaje permanentes, tanto a su derecha como a su izquierda, sobrevive Prohens. Esto es delicado. Es un equilibrio delicado porque depende de unos mendaces mentirosos.

Al hilo de lo que comentaba anteriormente, estamos presenciando una pujanza de la gobernanza neoliberal, el ascenso generalizado de la extrema derecha, un incremento de la polarización… ¿Es optimista respecto al futuro?

Yo soy optimista por naturaleza. ¿No es el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón? [alude a la frase pronunciada por el marxista italiano Antonio Gramsci]. Yo soy optimista por voluntad y pesimista por razonamiento, desde luego. Ahora bien, mi voluntad mueve montañas. Y este es el problema de la izquierda. Mi voluntad, si estuviera mediada y gestionada por organizaciones de izquierda solventes, movería montañas. ¿Qué nos ocurre? Que la organización de la izquierda es insolvente.

Falta mediación política y unión. El pensamiento natural del conjunto de la población en España posiblemente está en la izquierda y, sin embargo, este pensamiento natural no canaliza a través de fuentes de origen y transmisiones de conocimiento para llegar a reflejos de voluntad que se transformen, finalmente, en acción política. Esto es lo que nos falta. Por consiguiente, la crisis institucional es también la crisis de la mediación política, la crisis de gestión política y la crisis de negación de la capacidad de la izquierda de imponer los criterios que una mayoría de la población desearía y no encuentra cauces para que se transformen en acción política.

Hemos llegado al punto en que debemos sostener a un partido en el Gobierno que siempre habíamos censurado por ser socialdemócrata de derechas. Siempre hemos considerado que el PSOE, después del binomio de infausta memoria González-Guerra, se había transformado en un partido de derechas, francamente de derechas, en lo económico revestido y edulcorado y en cierto modo esmaltado por la política de izquierdas. Fenómeno que no es mérito del PSOE, porque no lo es, sino de la corriente ineludible de la historia que en todos los países de Europa, después de la bonanza de los años sesenta u ochenta, condujo a ello inevitablemente.

Y el PSOE se apropió de ese remedio. Se apropió de la bonanza económica gracias al ingreso en Europa, que era también inevitable. Es decir, el PSOE se colocó en una asociación dulce de inevitabilidad de ciertas políticas de izquierda que no podían ser eludidas y, sin embargo, se negó a implantar políticas de izquierda en lo económico cuando tenía una mayoría absoluta en el Congreso. Ese error imperdonable de entonces se está pagando por la crisis de legitimidad del PSOE, que está alcanzando a todos los elementos actuales del partido.

¿Es difícil que, hoy por hoy, resurja un nombre como el de Julio Anguita?

Es difícil que hoy renazca un Julio Anguita. O ponle el nombre que quieras. Es decir, que haya una personalidad que esté en condiciones de agrupar en la izquierda y desde la izquierda a una representación de la voluntad popular auténtica. No de eso que dicen ahora de “solo el pueblo salva al pueblo”, lo cual es un axioma francamente neofascista, porque lo podrían pronunciar perfectamente el partido nazi o Mussolini. Y lo predica perfectamente el nuevo partido nazi o neofascista de Catalunya. Las instituciones democráticas mediadas, gestionadas y asistidas por derechos políticos viables son las que salvan la situación del pueblo. Y eso lo que está en crisis y lo que realmente nos falta. Hace poco apareció una entrevista a una socióloga y sociopolítica turca que lo sintetiza en una sola palabra: para que la izquierda sobreviva debemos aplicar políticas de izquierda y debe exigirse a los gobiernos esas políticas de izquierda. Solo la izquierda tutelará la democracia, si no cae en manos del populismo, del neoliberalismo extremo y del neofascismo. 

Las recientes elecciones a las salas de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores autonómicos revelan que el dominio de las asociaciones judiciales que cubren el espacio de la derecha y el centroderecha es total en los puestos de responsabilidad que los jueces de carrera eligen de forma directa mediante votación, ¿le sorprende?

Bueno, este es el sistema y estas son las reglas del juego. Se entregan despojos a Juezas y Jueces para la democracia. Y la parte del león se la llevan, desde luego, las asociaciones de tendencia conservadora o reaccionaria. Digo conservadora la de Francisco de Vitoria. Y digo directamente reaccionaria a la mayoritaria [Asociación Profesional de la Magistratura].

¿Por qué ocurre esto? Pues también por un reflejo de cómo no se construyó adecuadamente la Transición. En la Transición había medios para imponer a los militares, digámoslo así, una conducta de adecuación a la democracia, porque tiene un sentido imperativo del deber y una obediencia de conducta ineludible. Luego había señores que escribían en los periódicos reclamando el regreso de las instituciones franquistas. Pero estaban o bien en la reserva o bien en la inutilidad. Los militares que gestionaban realmente la JUJEM (Junta de Jefes de Estado Mayor) y que gestionaban realmente el cuerpo de la milicia en aquellos entonces tuvieron que plegarse a comportamientos mínimamente democráticos. En esto hubo un ministro que sobresalió y no diré su nombre.

No ocurre lo mismo con la Justicia, porque la Justicia es un poder autónomo. Cada juez es un poder personal. No es un poder de naturaleza social colectiva, sino un poder que, una vez ganada la oposición, se convierte en un poder personal. Naturalmente, en un poder personal que después se traduce en comportamientos colegiados. Evidentemente, hay tribunales colegiados, pero algunos de los más importantes no son colegiados y dependen de la estricta voluntad de un individuo que puede haber perdido la cabeza. ¿El señor [Juan Carlos] Peinado [que investiga a la esposa de Pedro Sánchez] ha perdido la cabeza? No, no la ha perdido. Al contrario. Está aplicando desde su cabeza convicciones extremadamente reaccionarias usando y abusando de su posición unipersonal como juez de instrucción.

Hay que recordar que Napoleón instituyó al primer juez de instrucción del mundo y le dijo: “Yo hago de usted el hombre más poderoso de Francia”. Un juez de instrucción que no tiene autolímites, que no tiene autocontención, que ha perdido la cabeza y que no tiene tampoco la contención de sus tribunales de grado, que se niegan a controlar según qué actuaciones de jueces de instrucción extremadamente reaccionarios o las controlan de un modo muy indirecto… Es así en el Caso Begoña: “Usted aténgase solamente a este concepto”. Pero es que ese concepto puede derivar a través de ríos, riachuelos y ríos de agua profunda en mil cosas.

Entonces, el problema de la Justicia es que, siendo un poder personal, está impregnada de una clase social determinada, y esto está conectado naturalmente con la forma de nombrar a los jueces en España, que es totalmente externa a los modos no ya británicos o americanos, sino de los medios europeos continentales. Que el 98% de los jueces de España procedan necesariamente de clases acomodadas porque su nombramiento depende de haber superado una oposición que, a su vez, depende de haber estudiado desde los 17 a los 24 años sin más mantenimiento que el de sus padres implica, inevitablemente, que los jueces son de procedencia conservadora.

Los jueces de instrucción que están en lugares clave de la Audiencia Nacional normalmente son personas que ocupan una ideología, francamente, tendente a favorecer y aceptar cualquier tipo de denuncia que formulen los sindicatos de ultraderecha profesionales de la Justicia. Cualquier tontería que digan estos señores lleva consigo una instrucción que dura años y acaba destruyéndose. Se destruye el concepto de una idea, de una formación política, de una persona o de un gobierno.

El gobierno valenciano, indirecta o remotamente, fue destruido gracias a la instrucción de un proceso cuya investigada era la mayor representante de Compromís [en referencia a Mónica Oltra]. Y luego resultó que al cabo de dos años ese proceso acabó, pero nadie le ha restituido a Oltra ni su prestigio personal, ni su influencia política, ni su capacidad organizativa en el seno de una institución que ella podía dirigir o que podía encomendar o que podía influenciar de un modo muy positivo. Todo eso murió gracias a una instrucción tergiversada llevada a sus extremos más indignantes por una denuncia que no tenía ni pies ni cabeza y, que, sin embargo, se mantiene viva hasta que se cumpla el designio de haber agotado el ciclo político que corresponda. Es el caso que ahora estamos viviendo en primera línea de espectadores con Begoña y Koldo. Esto, inevitablemente, llegará hasta el final de la legislatura. 

En su último libro, Jaque a la democracia, el magistrado Joaquim Bosch señala que, con la Transición, se facilitó la puesta en marcha de prácticas corruptas estructurales vinculadas de forma directa con el tejido empresarial. ¿Qué opina al respecto?

Es que las críticas al sistema de la Transición pueden ir más allá. Podemos examinar y censurar el papel de la universidad y de los cursos de posgrado, que es donde está el meollo de la cuestión. Los cursos posgrado están asociados a una praxis universitaria que yo detesto, porque lo que ahora son los grados de cuatro años no sirven absolutamente para nada. Si después no tienes tres o cuatro o cinco títulos posgrado, no eres nadie en esta vida. Y si no tienes títulos de posgrado de según quién, tampoco eres nadie. Son títulos enormemente onerosos, caros, facilitados o gestionados por universidades caras, normalmente asociadas a instituciones de poder político muy convencional, como el Opus Dei o la banca, y que hallan su prestigio fundado en las colaboraciones de los catedráticos y de los magistrados del Tribunal Supremo.

Entonces, se crea un complejo enormemente denso, inextricable, de difícil diferenciación entre universidad, dinero, banca, think tanks, magistrados de alta cualificación y profesionales de alta cualificación: notarios, profesores, catedráticos… Todo esto crea un bloque, en efecto, de influencias. Incluso siendo más brutal, ningún juez puede acceder a ganar la oposición si no es a través de lo que llamamos un auxiliar que es, en realidad, un director de su estudio, los preparadores. ¿Qué hacen los preparadores? Recibir la cantata de los estudiantes que estudian la oposición. Se estudian el texto de una pieza que va a durar una hora ante aquel señor que es un juez de prestigio, que le corrige y que, además, conoce a los miembros del tribunal calificador.

Hay asuntos que no se hablan, hay influencias que no se hablan. Existen simplemente por la mirada, por el concepto, porque están ahí. La asociación de ideas, de conceptos y de intereses está ahí. Los intereses creados de Benavente están en la sociedad del siglo XIX, pero también están en la nuestra. Los preparadores forman parte de este bullicio del gran capital humano doctrinario de lo que es la Justicia. Y si la justicia la administra un capital humano asociado al capital privado de la banca y de los grandes intereses a los cuales ha prestado su apoyo teórico y emotivo la Universidad, estamos ante una corrupción sistemática. Así que sí, estoy de acuerdo con Bosch. La corrupción sistemática existe y existe por esa razón. 

Pero, para ellos, los demás no llegan porque no se han esforzado…

Claro, que hubieran estudiado más. Es la misma teoría que la que enarbola el derecho mercantil capitalista: “Usted no es rico porque es un tonto. Si usted fuera listo, sería rico”. Pero esta regla es falsa, porque no todos los que quieren ser ricos y bellacos y sinvergüenzas y despojados de cualquier criterio moral o ético se van a enriquecer como Donald Trump, porque los 300 millones de americanos no pueden llegar a serlo. Alguien tiene que ser pobre. Por consiguiente, la estructura mental de que “el que no llega a más es porque es tonto o porque no se esfuerza” choca con la realidad democrática de base. Y es que no puede alcanzar a todos. Y si no puede alcanzar a todos es errónea. Es una ficción y una falsedad conceptual, además de un timo que aparece cada día en casi todos los periódicos. Es esa tesis la que prevalece y en la Justicia ocurre lo mismo. No prevalece lo que uno sabe, prevalece a quién conoces cuando llegas a según qué niveles. No estoy hablando de la resolución de un caso de arrendamiento. Estoy hablando de los asuntos realmente graves que rondan la esfera política.