Crece la tensión entre el mayor naviero de España y la asesoría jurídica de Puertos del Estado
Un abogado del Estado logra llevar al naviero Vicente Boluda al banquillo por denuncia falsa
Vicente Boluda, el mayor naviero de España y la fortuna 35 del país, según Forbes, asegura que el caso por el que enfila el banquillo por denuncia falsa es, en realidad, “un inadmisible intento de extorsión económica” por parte de José Antonio Morillo-Velarde del Peso, el abogado del Estado que, a título particular, se ha querellado contra él. Así consta en los escritos de defensa. Fuentes próximas a la compañía aseguran que el letrado de Morillo pidió 600.000 euros para no interponer la querella, algo que este rebate: “Yo no he pedido 600.000 euros. Pido 25.000 euros por daños morales y está en el escrito de acusación”.
La situación entre el mayor naviero de España y el director de la asesoría jurídica de Puertos del Estado, el abogado José Antonio Morillo-Velarde del Peso, no puede ser más tensa. En 2020, una empresa de Boluda, Repabar, se querelló contra la antigua cúpula de Puertos por, según decía, favorecer a otra empresa de remolcadores en Las Palmas. La querella se dirigía también contra el abogado del Estado que ocupa la dirección de la asesoría jurídica, no como funcionario sino en servicios especiales, José Antonio Morillo-Velarde del Peso. Aunque fue admitida a trámite, no prosperó y fue archivada menos de un año después.
Hasta ahí es el camino normal que siguen casos contra altos cargos de la Administración -RIU, por ejemplo, se querelló contra la dirección de Costas por una concesión de un hotel en dominio público marítimo-terrestre y, como en este caso fue archivada-.
Pero después de eso, Morillo comenzó un contraataque. Según él, en un primer momento quería disculpas y se llegó a reunir con Boluda tras la mediación de altos cargos de Puertos. Según otras fuentes, su abogado pidió a los del naviero una compensación económica de 600.000 euros para olvidar el asunto. Él admite que hubo contactos entre los abogados, pero niega que eso fuese una reclamación suya: “Yo nunca he pedido 600.000 euros”.
Después, Morillo presentó una querella por denuncia falsa contra Boluda, expresidente del Real Madrid y presidente de los empresarios valencianos. Contra todo pronóstico, porque la denuncia falsa en un caso que ha sido admitido a trámite es difícil que prospere, una juez de Las Palmas ha visto indicios de delito y dado por terminada la instrucción, el paso previo para sentarlo en el banquillo. La fiscalía apoya al empresario y pide el sobreseimiento. La defensa confía en levantar el auto de la juez en la Audiencia Provincial.
La defensa de Boluda, que la semana pasada no quiso comentar la noticia, ha presentado duros escritos de defensa contra Morillo. Sostiene que Boluda, como presidente de la empresa, no tomó la decisión personal de la querella y que solo eso bastaría para librarle. Pero añade una acusación: “Lo que sí ha existido y existe, dicho sea con el debido respeto y en estrictos términos de defensa, es un inadmisible intento de extorsión económica por parte del señor Morillo-Velarde con la interposición de su querella, buscando venganza y dinero”.
De hecho, cuando, el 8 de noviembre de 2023, Boluda declaró en el juzgado durante la instrucción ya apuntó en esa dirección. A la pregunta de si entendía que Morillo fuese contra él personalmente y no contra la empresa Repavar, replicó: “Pues, supongo que querrá dos cosas: vengarse y dinero”.
Morillo se remite a su escrito de acusación, presentado el pasado 12 de noviembre, en el que la reclamación oficial queda lejos de esos 600.000 euros. Allí reclama “25.000 euros, como consecuencia de los daños morales sufridos” y justifica que se trata de “un Abogado del Estado con una larga e impecable trayectoria profesional (42 años de ejercicio) justamente en el ámbito y lugar en que se produjeron los hechos, que se trata de una demarcación judicial pequeña, así como la publicidad y repercusión mediática que tuvieron en prensa especializada, la gravedad de los delitos imputados y el beneficio que hubiera obtenido el acusado de prosperar su acción presuntamente delictiva”.