El Govern constata una caída «importante» de los contratos firmados en las zonas tensionadas pero lo atribuye a la fuga hacia el alquiler de temporada
El boom del alquiler de temporada: el 30% de los pisos anunciados solo se ofrecen por meses
El precio medio del alquiler ha bajado por primera vez en Catalunya desde hace años. El descenso, que rompe la tendencia al alza, coincide con el primer trimestre de aplicación de la Ley de Vivienda y de los topes a las rentas, tal como adelantó el Govern la semana pasada. Pero además se observa una diferencia entre los municipios que tienen el mercado regulado, con Barcelona a la cabeza, y los que no.
El precio medio del alquiler en los 141 municipios catalanes que se declararon zonas tensionadas fue de 865,56 euros en el trimestre que va de abril a junio de 2024, una caída del 5% respecto al trimestre anterior y un 0,1% en comparación con el mismo período de 2023. En cambio, en el resto de localidades, las que no tienen los precios topados, las rentas suben de media un 0,6% intertrimestral y un 1,7% interanual.
La mensualidad que se paga de media ahora mismo en Barcelona es de 1.131 euros, todavía por encima del salario mínimo interprofesional. Pero por primera vez con un descenso respecto al récord que marcó el primer trimestre de 2024, de 1.193 euros.
A la espera de ver cómo evoluciona en los próximos trimestres, la nota negativa la deja la cifra de contratos firmados. Desde hace meses se venía observando un descenso en este ámbito, que ahora alcanza el 17% en las zonas tensionadas, por un 1,6% en las que no lo están. Según la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, esto se debe a un trasvase del alquiler convencional al de temporada, aunque los representantes del sector inmobiliario lo atribuyen a la caída de la oferta debido a la regulación
Los datos publicados por la Generalitat, que todavía no están desglosados por municipios, corresponden a los de abril a junio de 2024, el primer trimestre en el que estuvo en vigor la limitación de los precios –se publicó en el BOE el 15 de marzo–. Catalunya fue entonces la primera comunidad autónoma en declarar la mayoría de sus grandes municipios como zona tensionada con el tope de precios, condición que ostentaba en solitario hasta que se le añadió la localidad vasca de Errentería en septiembre.
De esta forma, la regulación de los alquileres afecta desde marzo a 141 municipios catalanes, que incluyen los de todo el área metropolitana de Barcelona, así como las capitales de provincia (Lleida, Tarragona y Girona) y la mayoría de ciudades de tamaño medio. Además, a mediados de abril se les sumaron nuevos pueblos y ciudades hasta alcanzar los 271, o lo que es lo mismo, el 90% de la población catalana.
En todos esos municipios, de acuerdo con la Ley de Vivienda, los nuevos contratos de arrendamiento –bien sean renovaciones de alquiler o de nuevos inquilinos– no pueden superar el precio del anterior. Y en el caso de los grandes propietarios, los que tienen cinco pisos o más, están incluso obligados a bajar la renta si excede el Índice de Precios del Alquiler estatal.
La consellera Paneque ya informó de la bajada de precios durante la última reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda en Madrid. Paneque, que celebró que los datos apuntaran a “buenos resultados”, se refirió a la evolución de los precios de los últimos seis meses, aunque finalmente los que ha ofrecido el Institut Català del Sòl, elaborados a partir de las fianzas depositadas, son solo trimestrales.
No es la primera vez que Catalunya puede analizar cómo el tope a los alquileres afecta a los precios y a los contratos que se firman. Entre septiembre de 2020 y febrero de 2022 estuvo en vigor en la comunidad otra regulación parecida, aprobada por el Parlament y que finalmente tumbó el Tribunal Constitucional. En aquel período, muy condicionado por la salida de la pandemia y su impacto en el mercado inmobiliario, se constató también una reducción de los precios, pero lo que generó más discusión –no del todo resuelta– es si había provocado un hundimiento de la oferta.