El término inglés lawfare fue inventado para aludir a lo que estamos viviendo en España, el intento de cambiar mediante la acción de jueces y tribunales lo que ha decidido la mayoría de la ciudadanía en las urnas
Descubren ahora no pocos de mis amigos socialistas que una parte significativa del poder judicial del Reino de España es políticamente muy militante y actúa sincronizada con la derecha política y mediática. Ya no descartan que algún juez arbitrario pida la imputación del presidente del Gobierno por un delito más fantasmal que una moneda de tres euros, y que alguna sala insidiosa del Supremo tramite esa imputación, lo que nos situaría en una crisis política sin precedentes. Bienvenidos a la realidad, amigos.
Pagan los socialistas su ingenuidad –o complicidad interesada– de tantos años al proclamar que la justicia en España era inmejorable y nuestra democracia prácticamente perfecta. Miraron hacia otro lado cuando fiscales y jueces de la escuela de Torquemada perseguían a titiriteros, raperos, humoristas, independentistas, podemitas y otras gentes de mal vivir. Tildaron de radicales, exageradas y paranoicas las dudas sobre la excelencia del sistema hasta que vinieron directamente a por ellos tras los comicios del 23 de julio de 2023.
A finales de los años 1970 y comienzos de la década de 1980, los españoles vivíamos bajo un permanente y aterrador ruido de sables. No cabía esperar grandes avances en la recién estrenada democracia porque bastantes uniformados despotricaban abiertamente en los cuarteles contra el rumbo adoptado por España tras la muerte del Caudillo, y, aún peor, amenazaban con rectificarlo por la fuerza de las armas. De hecho, algunos se pusieron manos a la obra el 23 de febrero de 1981, solo que se pasaron de brutos y la superioridad terminó decidiendo que no podía aprobar aquella asonada.
El mito de la Transición ejemplar y la perfección de nuestra democracia se fue construyendo en la segunda mitad de los 1980, cuando sobre España llovió el dinero de Europa y se preparaban los fastos de 1992. Felipe González, que nunca había sido realmente de izquierdas, lo convirtió en dogma del PSOE.
La Transición fue fruto de una correlación de fuerzas en la que los reformadores del franquismo seguían conservando la amistad del dinero y el poder del Estado, y los demócratas expresaban los sentimientos mayoritarios de la gente. No se pudo hacer otra cosa, ciertamente, pero de ahí a considerarla excelsa, media un abismo intelectual y moral. En cuanto a nuestra entrada en Europa, nos trajo indudables ventajas económicas y ciudadanas. Entre las últimas, la casi imposibilidad de un golpe de Estado militar.
Así que lo que vivimos ahora es el ruido de togas. Muchos jueces han decidido salir del armario, confesar y practicar su militancia política derechista y hasta ultraderechista y hacer todo lo que puedan para que caiga lo antes posible el Gobierno de coalición progresista. Les jalean con entusiasmo el PP y Vox y la inmensa mayoría de los grandes medios de comunicación, de dueños tan conservadores ideológicamente como neoliberales en lo relativo a la pasta.
El término inglés lawfare fue inventado, precisamente, para aludir a lo que estamos viviendo en España y otros países occidentales, el intento de cambiar mediante la acción de jueces y tribunales lo que ha decidido la mayoría de la ciudadanía en las urnas. Es lo que padeció el brasileño Lula a finales de la pasada década, por ejemplo. Pero hasta hace bien poco los socialistas españoles negaban con indignación que algo semejante pudiera ocurrir en España. No, dudar de la probidad de todos y cada uno de nuestros togados era un grave pecado.
Este otoño, sin embargo, los socialistas están recibiendo un cruel baño de realidad. La amnistía al procés aprobada por el Parlamento no se aplica íntegramente porque muchos jueces la odian. El fiscal general del Estado va p’alante por desmentir un bulo del Rasputín de Ayuso. La mujer del presidente Sánchez padece lo que Josef K, el protagonista de El proceso de Kafka. Y al mismísimo Sánchez igual lo empuran por desacato o algo así por haberse negado a responder -con todas las de la ley, cabe precisar- al interrogatorio de Peinado.
No estoy diciendo que, siendo un partido de Gobierno, los socialistas tendrían que haber puesto públicamente en cuestión la Transición, la independencia de nuestros jueces y la calidad de nuestra democracia. No, lo que estoy diciendo es que no tendrían que haber abandonado el juicio crítico de la realidad -hay lo que hay, pero vamos a intentar mejorarlo- y jamás debieran haber satanizado a los que advertíamos de que rey está desnudo.