Extremadura prepara su primera universidad privada pese a su informe «desfavorable»: capital chileno y ubicada en un centro comercial

El demoledor informe del Ministerio de Universidades destaca dudas financieras, «que no se especifica la formación al profesorado», el apartado de la investigación está «poco definida» y «la relación de docentes/grupo es bastante escasa e insuficiente». Aún así, la Junta lo está tramitando y puede salir adelante gracias a los votos de PP y Vox

El gobierno del PP de Extremadura ha dado ya los primeros pasos para abrir la primera universidad privada de la comunidad autónoma. Se trata de Uninde (Universidad Internacional para el Desarrollo), que va a impartir estudios de Ciencias Sociales (sobre todo de innovación, desarrollo, marketing digital y negocio), de Salud (enfermería, fisioterapia, psicología) e Ingeniería (informática y videojuegos), además de prever doctorados. Pese a que se instala en Extremadura, el capital viene básicamente de Chile y de un empresario peruano. De hecho, pretende traer alumnado desde allí, especialmente para la versión online de los estudios, aunque prevé también cursos presenciales e híbridos.

El Gobierno de María Guardiola publicó el pasado agosto el borrador del proyecto de ley, al que la Universidad de Extremadura, la única pública en la comunidad, presentó alegaciones. Ahora ha sido remitido al Consejo Económico y Social autonómico para su valoración. La Junta tiene la intención de completar la tramitación que pasa, según explica, por la solicitud de otro dictamen al Consejo de Estado para, finalmente, llevarlo a la Asamblea para su debate y votación, al tratarse de una ley. Si se cumple toda esa tramitación, el centro de estudios privado podría salir adelante gracias a la mayoría que suman PP y Vox.

Todo ello pese a que un informe técnico del Ministerio de Universidades al que ha tenido acceso elDiario.es –y que es un análisis preceptivo previo y que se comparte con todas las comunidades autónomas en la Conferencia de Política Universitaria– ha evidenciado las lagunas que tiene esta iniciativa. “No acredita solvencia financiera”, “la plantilla de profesorado es escasa” o “el proyecto de investigación no responde a los criterios requeridos en el Real Decreto”, son algunas de las deficiencias que han encontrado desde el ministerio que dirige Diana Morant. También pone pegas a la ubicación en la que prevé iniciar su andadura: un bajo comercial ocupado por una entidad bancaria y un local en el centro comercial Las Vaguadas de Badajoz.

Detrás de la operación Uninde hay tres empresas. La principal es una sociedad de origen chileno que tiene el 60% de las acciones y que es dueña de un campus privado en el país latinoamericano, la Universidad Autónoma de Chile. Es la misma sociedad que está impulsando el proyecto educativo Felipe II de Madrid, un Centro de Estudios Superiores actualmente adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, pero que quiere convertirse en universidad privada, para lo que necesita el plácet del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El segundo pilar de Uninde es el empresario Alejandro Núñez Vizcarra, propietario del Grupo Educativo Neumann, empresa peruana con dos universidades en ese país, que tiene el 30% de las acciones del proyecto que quiere aterrizar en Extremadura. Antonio Rubio, el empresario extremeño, es el otro socio, que cuenta con el 10% de las acciones.

Carencias y vaguedades

El estudio técnico revela carencias y vaguedades en el proyecto que se presentó a las autoridades y que fue evaluado por el Ministerio de Universidades en el mes de enero de este año. Una de las más relevantes es que “la documentación presentada no puede considerarse garantía financiera y tampoco se presenta garantía documental de la financiación bancaria que se afirmaba en la memoria que se aportaría”. Además, los 3.000 euros de capital social con los que se inicia la sociedad que llevará a cabo Uninde “se consideran insuficientes para el inicio y como garantía a terceros”.

Respecto al funcionamiento académico, el informe refleja que “no se especifica qué formación continúa van a dar ni las prácticas académicas”, “no se especifica la formación al profesorado ni la internacionalización”, el apartado de la investigación está “poco definida”, “la relación de docentes/grupo es bastante escasa e insuficiente”.

¿Dónde se instalará el campus? Según la documentación que aportan los empresarios, los estudios de ciencias sociales estarán en los bajos de un edificio de viviendas, en un local comercial –“actualmente ocupado por una oficina bancaria”–. El segundo campus con los otros grados estará en el Centro Comercial Las Vaguadas de Badajoz, un emplazamiento donde habrá laboratorio y centro de simulación clínica. Para esta rama sanitaria, Uninde ha presentado acuerdos de prácticas con clínicas del Grupo Quirón.

Sobre las instalaciones que presenta la universidad, “la información aportada permite concluir que los espacios necesarios para llevar a cabo la actividad académica e investigadora de la universidad no son idóneos ni están garantizados”, dice el escrito.

El primer año prevén poco más de 300 alumnos, que irían creciendo supuestamente a más de 2.000. Respecto a los precios de matrícula, el proyecto ha aportado datos que cifran en 5.000 euros por curso y 7.500 euros por máster. En los gastos e ingresos que prevé, Uninde se va a gastar el primer año lo mismo en profesores y personal que en marketing (algo más de 200.000 euros). Calcula que el año previo a comenzar su actividad y los tres siguientes van a necesitar 5 millones de euros.

“En conclusión, y a la vista del conjunto de observaciones formuladas, se propone informe desfavorable al presente expediente”, zanjó el informe del Ministerio.

El mismo resultado que obtuvo la iniciativa cuando se presentó a las comunidades autónomas y lo votaron: “desfavorable”. Hubo 10 abstenciones, incluida la de Extremadura. Cinco autonomías votaron en contra de la implantación de Uninde tras ver el informe técnico: Andalucía, Cantabria, La Rioja, Navarra y Baleares.

La Asamblea, con PP y Vox con mayoría, decidirá

A pesar de todo, el Gobierno extremeño ha avalado la iniciativa privada porque considera que el informe del Ministerio de Universidades, que no es subsanable, no impide que el proyecto continúe su tramitación. Según Antonio Rubio, nombrado director de Uninde, ese documento de análisis está “repleto de reflexiones vagas y otras que no tienen que ver con la ley”. No obstante, la empresa decidió contratar a un bufete especializado en asuntos públicos para responder con un informe de parte e incluirlo en el expediente que tramita la Junta.

Las alegaciones que ha presentado la Universidad de Extremadura al borrador del proyecto de ley tampoco han frenado el procedimiento. El rector, Pedro Salguero, viene advirtiendo de que en la comunidad autónoma no hay tantos estudiantes como para que haya más de un centro de estudios superiores y, además, ha considerado que el proyecto de Uninde que ha publicado la Junta es genérico, solo una “declaración de intenciones” que no ofrece información sobre las titulaciones que se van a impartir.

En este sentido, Rubio ha asegurado que la empresa tiene la memoria con la oferta académica presencial, pero aún no se ha elevado a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) para la oficialización de los títulos, que no incluirán Medicina.

Los planes iniciales de Uninde eran comenzar la actividad “al completo” el curso 2025-2026, pero dados los plazos “también podemos comenzar con el año natural en 2026 con la formación directiva”, ha señalado Rubio a elDiario.es. Aunque al margen de los trámites administrativos, otra de las asignaturas pendientes de este proyecto es que aún no cuenta con un campus en Badajoz y que se instalará en unos bajos comerciales: “Estamos siendo reservados para evitar la especulación, pero estamos viendo diferentes infraestructuras y tenemos alternativas claras para las ubicaciones provisionales”, ha señalado el director de Uninde, que ha insistido en que, una vez que se apruebe la implantación de la universidad privada, la ley “nos da cinco años para hacer todo lo que decimos que vamos a hacer”.

La puesta en marcha o no de la primera universidad privada de Extremadura estará en manos de la Asamblea, con independencia del informe del Ministerio y de lo que ahora digan el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado. Con independencia de si son dictámenes desfavorables, la Junta de Extremadura lo enviará a la Asamblea, como reclama Uninde, para que “se valore el proyecto en su conjunto y con todos los informes preceptivos”, han explicado desde la Consejería de Educación. Por su parte, el PSOE ha advertido que no aprobará “ningún proyecto universitario privado si no es con los informes favorables del Consejo de Estado, del propio Ministerio y de la Universidad de Extremadura, muy especialmente de nuestra universidad”.

Sin embargo, el Gobierno extremeño ha recordado que el Ejecutivo autonómico del PSOE tramitó dos iniciativas privadas con informes desfavorables del Ministerio en 2017 y 2018, aunque lo cierto es que, en estos casos, los informes negativos del Consejo de Estado fueron suficientes para que no llegaran al Parlamento regional.

Pero Uninde no es la única iniciativa universitaria privada interesada en instalarse en Extremadura, que podría pasar de ser un páramo para estos negocios, donde todos los intentos presentados hasta ahora han fracasado, a contar con cuatro en los próximos años. En la actualidad se están tramitando otros tres proyectos.

Según la Consejería de Educación, el denominado Universidad Abierta de Extremadura, promovida por Planeta de Agostini Formación y Universidades, será el siguiente en recibir el informe del Ministerio. También lo esperan, aunque lo solicitaron poco antes del verano, la Universidad Europea de Extremadura –vinculada a la Universidad Europea de Madrid– y la CEU Núñez de Balboa, vinculado al Centro de Estudios Universitarios fundado por la Asociación Española de Propagandistas.

La Junta de Extremadura ha asegurado que apoyará estos proyectos que “vienen a complementar” la oferta formativa de la universidad de Extremadura, que es “una prioridad”, porque dan “opciones de quedarse en la región a estudiantes que no consiguen plaza en nuestra universidad pública”.

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