El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha empezado a marcar distancias con los dos exgerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, imputados en la causa que investiga un juzgado de Sevilla por un supuesto delito de prevaricación en la adjudicación a dedo de casi 300 millones de euros en contratos de emergencia a clínicas privadas entre 2021 y 2023. La Junta ha evitado explícitamente avalar su gestión, justo después de hacer una encendida defensa de la actual gerente del SAS, Valle García, también citada como investigada por el juez.