El empresario aporta un escrito al Tribunal Supremo donde afirma tener pruebas de su confesión mientras el juez que investiga el resto del ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional pide que la Guardia Civil verifique su declaración de finales de noviembre
El ‘caso Koldo’ atrapa a Ábalos tras meses de huida
El empresario Víctor de Aldama se ha dirigido al Tribunal Supremo para aportar, antes de su declaración, detalles y documentación en las que afirma que José Luis Ábalos iba a cobrar comisiones a cambio de adjudicar, en un futuro, distintos contratos públicos a entidades de la trama. La defensa del imputado, que quedó en libertad hace unos días después de confesar durante dos horas en las dos causas en las que está acusado en la Audiencia Nacional, afirma según medios como El Español o El Confidencial que tiene pruebas sobre este proyecto de comisiones y adjudicaciones.
En paralelo, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el resto del conocido como ‘caso Koldo‘ ha pedido a la Guardia Civil que compruebe si lo que dijo en sus dos horas de confesión es cierto.
Víctor de Aldama quedó en libertad el pasado 21 de noviembre después de declarar durante dos horas ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Koldo’, el supuesto entramado corrupto de adjudicaciones millonarias a sus empresas a cambio de comisiones y favores a cargos públicos. Esa confesión, tanto sobre esa causa como sobre el entramado de hidrocarburos por el que está investigado, le valió la libertad. Llegó a afirmar, sin aportar pruebas, que había pagado comisiones de miles de euros para políticos como Santos Cerdán.
Parte de su confesión llegó hasta el Tribunal Supremo, que recientemente le ha llamado a declarar tanto a él como a José Luis Ábalos, acusado de beneficiarse de la trama que lideraba su mano derecha, Koldo García. Este miércoles ha sido la defensa de Víctor de Aldama la que, una semana antes de la comparecencia, ha aportado un escrito con afirmaciones y documentos que, según su versión, avalan sus acusaciones contra el exministro y hoy diputado.
Tal y como adelantan medios como El Español o El Confidencial, De Aldama ha aportado una lista de grandes contratos de obras públicas dependientes del ministerio que dirigía entonces Ábalos. Contratos pero también empresas que se habrían comprometido a pagar comisiones si resultaban adjudicatarias y que dependían, sobre todo, de la Dirección de Carreteras. También se ideó una operación no desarollada para que el exministro obtuviera un piso valorado en casi dos millones de euros en el Paseo de la Castellana de Madrid.
El exministro Ábalos acudirá a declarar como imputado ante el juez del Supremo que ha asumido parte del caso el próximo 12 de diciembre. Cuatro días después lo hará el propio Víctor de Aldama y, posteriormente, su exasesor Koldo García.
El juez pide verificar su confesión
En paralelo, el juez de la Audiencia Nacional que sigue investigando la parte de la causa que no afecta a Ábalos ha movido ficha en torno a su confesión de dos horas de finales de noviembre. Ha solicitado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que analice sus palabras para saber qué parte de su confesión se corresponde con la realidad. Entre otras cosas, De Aldama llegó a afirmar que había pagado miles de euros en comisiones destinadas, entre otros, al dirigente socialista Santos Cerdán, que ha anunciado acciones legales contra él.
El empresario, en libertad con cautelares desde hace más de una semana, está imputado en tres causas diferentes. Una de ellas, por la que estaba en prisión provisional, gira en torno a una trama de evasión masiva de impuestos en el sector de los hidrocarburos, con varias de sus empresas consideradas como el epicentro del entramado.
Las otras dos son las dos ramificaciones del caso Koldo, una en la Audiencia Nacional y otra en el Tribunal Supremo, en la que es considerado el ‘conseguidor’ de la trama: el que estaba en contacto directo y constante con Koldo García, mano derecha de Ábalos en el ministerio durante la pandemia, con 53 millones de euros en contratos públicos de compraventa de material sanitario bajo sospecha.