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La portavoz, Esther Padilla, ha lamentado que el decreto para la atención de los menores se haya aprobado «sin diálogo» y «sin financiación», por lo que pone en «grave riesgo» el interés de los niños
Page estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional el reparto de menores migrantes entre autonomías
El Gobierno de Castilla-La Mancha recurrirá ante el Tribunal Constitucional el reparto de menores migrantes, tal y como había anunciado en abril el presidente de la comunidad autónoma, Emiliano García-Page. La portavoz del Ejecutivo, Esther Padilla, ha asegurado que el decreto ley se ha aprobado “sin diálogo” entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España, además de venir “sin financiación”. Por tanto, el Gobierno regional ha decidido recurrirlo al considerar que “pone en grave riesgo esa garantía del interés superior de los menores”.
“Quiero dejar muy claro que este Gobierno comparte la solidaridad necesaria que se necesita, que además la solidaridad no entiende de límites geográficos y menos cuando estamos hablando de niños y niñas”, aseveró Padilla, que insistió en que la comunidad autónoma no recibirá “ni un euro” de financiación para atender a los menores que el Gobierno de España “ha decidido unilateralmente” que tienen que venir a Castilla-La Mancha, cifra que situó en más de 500 menores.
“Acoger es acoger con dignidad. Y la situación que plantea el decreto impide a las comunidades autónomas, al menos a Castilla-La Mancha, atender con la dignidad que ya lo estamos haciendo”, destacó Padilla.
La portavoz resaltó que el coste de atender a los menores en cuestión “supera” los 26 millones de euros al año. “Dotar a esos centros para atender a quinientos niños más de los que ya atendemos y dotar del personal necesario de los profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, educadores”, detalló, solo en los gastos relacionados con la Consejería de Bienestar Social. Pero la financiación del Ejecutivo estatal es “cero” para la región.
El recurso se presentará en base a un informe del Consejo Consultivo regional, que responde a un requerimiento hecho, precisamente, por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano. Según la portavoz castellanomanchega, el Consejo ha establecido que hay un “flagrante quebranto del principio de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas”. El reparto, añadió Padilla, se ha aprobado “sin consenso de la conferencia sectorial y se vulnera ese principio de coordinación que debe establecerse y que debería existir entre el Estado y las comunidades autónomas”.
Para el Gobierno de Page se trata de un “quebranto del principio de lealtad institucional” y su portavoz recuerda que hay competencias económicas para asistencia, protección y tutela de menores. “El Consejo Consultivo advierte de una posible invasión de competencias exclusivas en esta materia de asistencia, protección y tutela y considera que esa invasión del ámbito competencial autonómico se realiza extralimitando las funciones de la Administración estatal y del Gobierno”, remató Padilla.
Por eso, ha instado a dotar al decreto de “recursos suficientes para poder atender a los menores con dignidad”. “No presentamos el recurso para no atender, presentamos el recurso precisamente para que se garanticen los recursos necesarios para atender con dignidad a los menores. Nuestra prueba es que ya lo venimos haciendo”, concluyó la consejera portavoz.