El pleno del tribunal analizará la semana que viene una propuesta interna para que la recusación de José María Macías en la impugnación del Supremo sobre la norma se extienda al resto de recursos al entender que el afectado no lo acata y no lo hace de forma voluntaria
El Constitucional aparta al magistrado que criticó la amnistía de los recursos contra esa ley
El próximo pleno del Tribunal Constitucional analizará si José María Macías, magistrado recusado en la impugnación que el Supremo hizo contra la amnistía, debe ser obligado a apartarse del resto de recursos contra la ley al no haberlo hecho de forma voluntaria. Una parte del tribunal de garantías entiende que Macías tendría que haberse abstenido en todos los debates después de ser apartado de uno de ellos hace unos días y plantea la opción de extender los efectos de esa primera recusación al resto de impugnaciones contra la ley, entre otros al recurso del PP del que todavía es ponente.
José María Macías fue vocal del Consejo General del Poder Judicial hasta su designación como magistrado del Constitucional en julio del año pasado. En su etapa en el órgano de gobierno de los jueces, Macías encabezó la oposición del sector conservador del organismo a diversas iniciativas del ejecutivo, sobre todo a la ley de amnistía, llegando a forzar la emisión de un informe contrario a la ley. Esta iniciativa, según estableció el pleno hace una semana a petición de la Fiscalía, era suficiente para entender que no debía participar en los debates sobre esta ley al haberse formado ya entonces un criterio “en detrimento de la debida imparcialidad”.
Esa decisión afectó directamente a una de las casi 20 impugnaciones que el Constitucional tiene sobre la mesa contra la amnistía: la cuestión de inconstitucionalidad que presentó la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Macías optó por no aplicar esos argumentos la resto de recursos y debates pendientes sobre la amnistía, entre otros por el recurso presentado por el PP, considerado el más relevante de todos los interpuestos y del que todavía es ponente.
Un sector del Constitucional considera que Macías tendría que haber acusado recibo de esa primera decisión y haberse apartado del resto de deliberaciones, no habiendo acatado en la práctica esa recusación y sus efectos. Entienden que el tribunal ya ha declarado que concurren causas bastantes para que se abstenga y que debería haberlo hecho. El próximo pleno debatirá, por tanto, si se extienden los efectos de esa resolución al resto de recursos: los presentados por el PP pero también por gobiernos regionales y asambleas controlados por el partido de Alberto Núñez Feijóo, además de varios tribunales y Castilla-La Mancha.
Otras fuentes del tribunal de garantías, contrarias a la extensión automática de estos efectos a todos los pleitos sobre la amnistía, entienden que en cada uno de esos recursos debe escucharse a todas las partes y no abstenerse de forma automática. Afirman que no es lo mismo la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo, donde fue recusado por la Fiscalía, que un recurso presentado por una asamblea o gobierno regional, recurrentes que según estas fuentes no han pedido activamente apartar al magistrado y deben ser escuchados.
Recursos de tribunales, gobiernos y parlamentos
El Constitucional ha admitido a trámite, en los últimos meses, una veintena de recursos presentados contra la ley de amnistía. Desde la primera cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo hasta otras interpuestas por el Tribunal Superior de Cataluña o recursos de comunidades autónomas y parlamentos regionales controlados por el PP. Otro de los recursos fue interpuesto por Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE de Emiliano García-Page.
La mayoría progresista del Constitucional, con cuatro conservadores en contra, aprobó la semana pasada que Macías no pudiera formar parte de los debates sobre la amnistía al haber participado activamente en la oposición a la ley cuando era vocal del CGPJ. Ese auto que entendió que el papel que jugó Macías en la elaboración de informes contra esta norma supuso una “participación directa o indirecta en el asunto objeto del pleito y causa”.
La tramitación de los recursos contra la ley de amnistía en el Constitucional ha venido protagonizada por las múltiples recusaciones presentadas contra varios miembros del tribunal, sobre todo del sector progresista, que de haber progresado habría dejado una mayoría conservadora para resolver el asunto. Juan Carlos Campo, magistrado y exministro de Justicia, se abstuvo de forma voluntaria del proceso, y el pleno rechazó apartar a Cándido Conde-Pumpido y Laura Díez.