Un juzgado de Ceuta declara ilegales las devoluciones inmediatas de los migrantes que llegan a nado

Una sentencia de este mismo mes cuestiona el método de la expulsión inmediata cuando no haya un “salto de valla”, pero la Guardia Civil tiene previsto seguir aplicándolo en Ceuta con todos los adultos hasta que la decisión, contra la que cabe apelación, sea firme

Dentro del taxi que libró de la devolución a un migrante marroquí después de nadar seis horas hasta Ceuta

El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Ceuta considera que el método de la devolución en caliente -que actualmente se aplica a ciudadanos marroquíes que entran ilegalmente en la ciudad- no puede emplearse en el caso de los migrantes que llegan a nado a las ciudades autónomas. Una sentencia del pasado cuatro de septiembre a la que ha tenido acceso elDiario.es apunta de forma clara que solo se puede repatriar de forma inmediata cuando la persona implicada trate de flanquear “vallas, muros o barreras”, esto es “en el perímetro fronterizo o sus alrededores”. Contra la decisión del juez cabe recurso de apelación y, en tanto no sea firme, la Guardia Civil tiene previsto mantener las entregas inmediatas a Marruecos.

Además de la sentencia anteriormente citada, de hace apenas dos semanas, otra del mes de enero rubricada por el mismo magistrado, Antonio Severo Castro, ya entraba a valorar esta cuestión. Sin embargo, en aquel caso, la resolución se centra en el hecho de que al recurrente no se le realizó el expediente administrativo de devolución que es preceptivo. Todo ello a pesar de ser interceptado en el Sarchal en compañía de otros siete migrantes, dos de ellos marroquíes mayores de edad con los que sí se siguieron los trámites.

Mucho más clara queda la postura del juez en el reciente fallo del pasado 4 de septiembre, que se refiere a la devolución inmediata de una persona que fue detenida el catorce de noviembre de 2023 cuando buscaba llegar a nado a suelo ceutí por la Bahía Sur. Considera el juez que el “rechazo en la frontera” que contempla la Ley Orgánica para situaciones conocidas como “salto de valla” y, por tanto, su fin es “restablecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar irregularmente esa concreta frontera terrestre”.

Este fallo llega en un contexto complejo, de fuerte presión migratoria al otro lado de la línea fronteriza de Ceuta. Allí, en la localidad de Castillejos, numerosos grupos de personas con diversos orígenes -procedentes de países subsaharianos, de Argelia, pero también del propio reino alauita- tratan de cruzar hacia España desde el domingo, tras un llamamiento en redes sociales. Por el momento la Policía marroquí ha conseguido repeler todos los intentos generando una batalla campal con centenares de detenidos. A la par, un dispositivo reforzado de la Guardia Civil sigue desplegado en el Tarajal para hacer frente a cualquier contingencia, sin haber tenido que intervenir, por ahora.

Las ONG celebran las sentencias, pero la Guardia Civil seguirá devolviendo

La decisión del juzgado ceutí pone en jaque la actual política de devoluciones en caliente -en ambas ciudades autónomas-, estimando los dos recursos mencionados con anterioridad. Sin embargo, según confirman a este medio fuentes oficiales de la Guardia Civil, el sistema actual -que en Ceuta y Melilla rechaza de forma inmediata a todos los ciudadanos marroquíes mayores de edad interceptados intentando el pase irregular- se mantendrá “hasta que la resolución sea firme”.

Por su parte, las tres asociaciones que han representado a los afectados en ambos casos, Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes, han celebrado el fallo del Contencioso, recordando que “el control de fronteras es una responsabilidad del estado que debe ejercerse con pleno respeto a los derechos humanos”.

En este sentido, Javier Baeza, presidente de la Coordinadora de Barrios, ha puesto de relieve su preocupación por que cada vez sean “más frecuentes” las prácticas dirigidas “a cercenar derechos de las personas migrantes”. “Esta sentencia es un paso fundamental para la lucha por los derechos humanos”, agrega Francesca Fusaro, de No Name Kitchen, quien acusa a las autoridades de “poner en riesgo la vida de miles de personas en el mar”.

Fuerte presión migratoria: la Ciudad ve “malintención”

Este martes se suma al tablero de la cuestión migratoria otro actor, la Administración local, preocupada especialmente por la sobreocupación de sus espacios de tutela para menores y por las convocatorias de tentativas de pases masivos a través de redes sociales.

A pesar de que la tensión en la frontera se ha quedado en el lado marroquí, los intentos de pase han comenzado a perturbar al portavoz del gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Alejandro Ramírez, quien ha asegurado en la mañana de este martes que el llamamiento efectuado en redes sociales “no es espontáneo”, sino que responde a una “cierta malintención”.

Si bien ha calificado como “bastante contundente” la respuesta tanto de Marruecos como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado español ante los intentos de traspasar el perímetro fronterizo, Ramírez considera “que esto que está ocurriendo al final es un intento de generar un clima en el de tensión, de confrontación, de buscar una perturbación del orden”.

Desconoce, ha admitido, quién está detrás de los vídeos y mensajes que a través de redes sociales invitan a los marroquíes -especialmente a los más jóvenes- a tratar de alcanzar suelo español, pero tiene fe en que los servicios de inteligencia de sendos países puedan dilucidar esta cuestión.

Sobre la posibilidad de un nuevo movimiento de personas dispuestas a cruzar la frontera de manera ilegal convocado supuestamente para el 30 de este mismo mes, el portavoz del Gobierno ceutí espera que el despliegue de seguridad sea, como mínimo, “similar” al del pasado día 15, cuando se logró contener a cientos de magrebíes y subsaharianos antes de que lograses penetrar en el perímetro.

Mientras tanto, la cuestión de los menores y su reubicación en otras comunidades sigue sobre la mesa. El Ejecutivo ha admitido estar con la soga al cuello debido a la sobresaturación de sus centros de acogida, en los que los jóvenes quintuplican su aforo, lo que “pone en riesgo la sostenibilidad financiera” de la Ciudad.

La administración ponía como fecha límite el final de este mes para poder mantener su atención en condiciones óptimas; ahora, a menos de dos semanas de alcanzar ese plazo y sin un plan económico claro para reconducir la situación -entre las opciones barajadas está una reordenación de recursos o un expediente de condición de crédito – los ceutíes solo pueden esperar que el Gobierno Central atienda su petición de auxilio. “Estamos convencidos de que va a responder no solo desde el punto de vista presupuestario, sino también intercediendo con las comunidades para llevar a cabo un reparto”, ha valorado.

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