Javier Zaragoza y Jaime Moreno aspiraban a fiscal jefe de la Sección Penal del Tribunal Supremo pero el fiscal general optó por un compañero que sí recibió votos en el Consejo Fiscal
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Los fiscales del Tribunal Supremo Javier Zaragoza y Jaime Moreno no han obtenido un solo voto en el Consejo Fiscal –el órgano de representación de la carrera– en el intento de ambos por ascender a la plaza de jefe de la Sección Penal del Alto Tribunal. Ninguno de los vocales representantes de las asociaciones fiscales ni de los miembros natos del Consejo apoyaron sus respectivas candidaturas en la votación que tuvo lugar el pasado 26 de septiembre.
El Consejo Fiscal es un órgano consultivo del fiscal general del Estado que, en materia de nombramientos, propone entre los aspirantes, aunque es el máximo responsable del Ministerio Público quien finalmente decide el elegido para ostentar el cargo. Para el puesto de fiscal de sala jefe de la Fiscalía del Supremo, los cinco vocales presentes de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y en el Consejo Fiscal, apoyaron a a María Ángeles Garrido Lorenzo. El representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se abstuvo. Por su parte, los dos representantes de la Unión Progresista de Fiscales y las tres vocales natas votaron por Fernando Prieto, quien fue finalmente propuesto para el puesto por Álvaro García Ortiz, que pertenece a la misma asociación.
La tesis que los dos aspirantes a la plaza Javier Zaragoza y Jaime Moreno defendieron en el trascendental juicio del procés, junto a sus compañeros Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, resultó derrotada en la sentencia. Los cuatro pretendían que los líderes del proceso soberanista fueran condenados por el delito de rebelión, al detectar una supuesta violencia en el citado movimiento político. Llegaron al juicio, en este sentido, de la mano del magistrado instructor, Pablo Llarena, y elevaron la acusación del “golpe de Estado” hasta el último momento.
Finalmente, el tribunal presidido por Manuel Marchena absolvió del delito de rebelión a los acusados en una sentencia que dejó por escrito que el plan de independencia fue “una ensoñación”. La Abogacía del Estado acusó, por contra, de sedición y su tesis resultó triunfante.
La dureza de los fiscales en el juicio, en sintonía con la acusación de Vox, les propició un gran predicamento en sectores conservadores del país, políticos y mediáticos. La votación del pasado jueves, en la que ninguno de los representantes de sus compañeros les apoyó, indica que la lisonja a Zaragoza y Moreno se sitúa extramuros de la carrera fiscal.
Los cuatro fiscales elevaron el volumen del mismo aplauso de algunos sectores al negarse el pasado junio a aplicar la instrucción del fiscal general del Estado para aplicar la ley de amnistía a los delitos relacionados con el referéndum del 1 de octubre que les concernían, incluida la malversación que afecta a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras, o dejar sin efecto la orden de detención que pesa contra el expresident de la Generalitat si pisa España. El asunto acabó en la Junta de Fiscales donde la tesis de Zaragoza y sus tres compañeros no encontró respaldo por la mínima.
En la carrera fiscal se defiende en ocasiones el argumento de la antigüedad como prioritario en el momento de elegir fiscales para un cargo. Javier Zaragoza es el segundo en el escalafón, argumento que no valió para que cosechara un solo apoyo en su intento por convertirse en jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Otra de las decenas de fiscales que optaban a un puesto y que no obtuvo ningún apoyo de sus compañeros fue la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien aspiraba a integrar la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.