La Comisión Europea considera que la legislación no contempla medidas de protección de los trabajadores temporales del sector público, como las indemnizaciones
La justicia europea avala que los interinos pasen a ser fijos sin convertirse en funcionarios
La Comisión Europea abre un expediente a España por el abuso de los interinos en el sector público. Bruselas ha dado el primer paso en el procedimiento de infracción al enviar una carta de emplazamiento al Gobierno en la que reprocha que la legislación española no contemple medidas de protección para los trabajadores temporales del sector público que encadenan contratos en línea con lo que establece la normativa europea.
Bruselas recuerda que las normas de la UE obligan a los estados miembros a tener medidas “para prevenir y, en caso necesario, sancionar los abusos mediante sucesivos contratos de trabajo de duración determinada”. “La Comisión constata que la legislación española no incluye tales medidas para determinados tipos de relaciones laborales de duración determinada en el sector público”, establece en un comunicado en el que cita, por ejemplo, que los interinos que han encadenado contratos por 20 o 30 años tienen la misma indemnización o que, en el caso de que abandonen el puesto voluntariamente o por cuidados, ni siquiera tienen derecho a la misma.
El procedimiento es adicional al que la Comisión Europea abrió en 2015 al entender el ejecutivo comunitario que los cambios que ha hecho desde entonces España no son suficientes para cumplir con los estándares que establece la normativa europea. “La Comisión considera que las nuevas normas nacionales siguen sin abordar suficientemente los problemas detectados, en particular en lo que respecta a la eficacia de las medidas sancionadoras”, señala el comunicado.
La Comisión Europea da ahora un plazo de dos meses a España para responder y subsanar las deficiencias en la legislación antes de seguir con el siguiente paso del procedimiento de infracción. El último escalón es acudir a la justicia europea, que puede imponer sanciones por el incumplimiento de las normativas europeas.
El gobierno comunitario ya tiene abierto un procedimiento de infracción por los interinos, pero por la discriminación que sufren en temas como el derecho a vacaciones o permisos, respecto al personal fijo del sector público. En julio envió la segunda carta de emplazamiento en la que exigía cambios en la legislación española.
Al TJUE por el impuesto a las multinacionales
Los interinos protagonizan una ardua batalla en la UE por la vulneración de sus derechos. Recientemente, el Tribunal de Justicia de la UE avaló que los interinos de larga duración pasen a ser fijos sin que sean considerados funcionarios con la intención de limitar la posición de abuso de la administración y reprendió a España por no contemplar sanciones para castigar los abusos. Ese fallo, no obstante, respondía a un caso judicializado en España y a la elevación de cuestiones prejudiciales a Luxemburgo.
Previamente, se había pronunciado en términos similares al poner coto a los interinos de larga duración, que consideraba que tenían que ser fijos. La sentencia del TJUE estableció que la concatenación de los acuerdos temporales vulnera el acuerdo marco de la normativa europea e insta a España a tomar medidas contra esa forma de “precariedad”.
La Comisión Europea ha llevado a España ante el TJUE por no haber notificado la trasposición de la directiva para imponer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades a las grandes multinacionales. No obstante, el Gobierno aprobó esa medida en el mes de junio, tras haber recibido un apercibimiento de Bruselas.