España dedica cada año total a adquirir bienes y servicios. Son contratos de gran obra pública, como carreteras o puentes; pero también de pequeños suministros, como el alquiler de una carpa para las fiestas de un pueblo o el tóner de una impresora. Su licitación y posterior adjudicación requiere seguir trámites administrativos que son muy extensos en los procedimientos de más cuantía, pero que se simplifican cuando se precisa cubrir, de forma urgente, necesidades de menor importe.