La supuesta intención de Educación de actualizar la subvención a centros privados revuelve a los defensores de lo público; España lleva 40 años sin resolver el rol de este modelo, que opera a menor coste que el estatal a base de no estar presente donde es más caro el servicio y seleccionar su alumnado
Las familias pagan a los colegios concertados casi mil millones de euros al año en cuotas ilegales
En algún momento hay que abrir el melón. El Gobierno ha generado una buena polémica estos días con la idea de estudiar el coste de la plaza escolar en la educación para, si fuera luego necesario, “actualizar” lo que le paga a este modelo educativo atascado en una eterna polémica por su menor financiación respecto de la pública, que deriva en que acaba incumpliendo su obligación de ofrecer un servicio gratuito y equitativo.
Porque casi 40 años después de que , España no ha acabado de resolver el encaje y funcionamiento de los centros privados subvencionados como parte del servicio público. “Resolver” en el sentido de eliminarla una vez desaparecida la necesidad de plazas que en los años 80 del siglo pasado la hizo existir, defienden muchos; o resolver en el sentido de financiarla en igualdad de condiciones que la pública para –teóricamente– acabar con la segregación. Lo primero no parece que vaya a suceder en el corto plazo. Lo segundo ahonda en algo que ya viene sucediendo de manera soterrada: el módulo que se le paga a la concertada sube algo casi cada año.