La Junta de Andalucía capea una investigación judicial sobre la adjudicación a dedo de 243 millones a clínicas privadas con contratos de emergencia amparados en una ley derogada tras la pandemia, y mientras sus interventores ponen bajo sospecha otros 1.225 millones en contratos menores, fraccionando miles de ellos para «eludir» la ley
La Justicia abre una investigación al Gobierno andaluz por adjudicar a dedo 243 millones a clínicas privadas con una ley derogada
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) lleva contratando a dedo servicios, obras y prestaciones -sin publicidad ni concurrencia competitiva ni control fiscal previo- desde 2019 hasta la actualidad, encadenando todas las variantes que le permite la Ley de Contratos del Sector Público: el contrato de emergencia, el contrato menor y, ahora, el contrato negociado sin publicidad.
Los tres son adjudicaciones a dedo de dinero público a empresas privadas, pero cada tipo tiene sus propios condicionantes. Los tres son legales, pero pueden dejar de serlo si la Administración no argumenta una urgente e imperiosa necesidad que justifique saltarse los controles y evitar un procedimiento en abierto ante una situación sobrevenida, imprevista, como un tornado, un volcán o la pandemia a escala mundial de la Covid-19.